Reglas para audiencias exceden a la constitución, advierten

Los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, propuestos por la Presidencia de la República, brindan a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) facultades que son inconstitucionales y que exceden a las que le otorga la Ley de Telecomunicaciones, advirtieron expertos en entrevista con EL UNIVERSAL.

Aseguraron que la propuesta del Ejecutivo tiene visos de censura, ya que plantea que la CRT pueda iniciar de oficio procedimientos de sanción; medidas similares son utilizadas en otros países para perseguir a la prensa crítica y a la oposición del gobierno.

Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19 y relator especial sobre la Libertad de Opinión y de Expresión de la ONU, señaló que dichos lineamientos generales pretenden censurar a los medios de comunicación. Por ejemplo, el proyecto establece que no se debe difundir información histórica como si fuera actual, con lo cual, el régimen buscaría blindarse de los errores del sexenio pasado, dijo.

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“Efectivamente, es un intento burdo por controlar la narrativa. No sólo está esa disposición, sino que en términos generales el gobierno federal, a través de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, va a determinar qué es verdad y que no”, explicó.

Dijo que las propuestas presentadas por la Presidencia se contraponen con la libertad de expresión y la democracia, y el objetivo es perseguir a la oposición.

“Tiene un peligroso tufo censor, por ello, trastoca claramente la libertad de expresión. Este tipo de regulaciones son propias de países que no viven en democracia, por ejemplo Cuba, Nicaragua, Sudán, Tailandia y Camboya, que bajo diferentes pretextos combaten la desinformación, noticias falsas, terrorismo, y se han emitido regulaciones muy similares en esos países, cuyo efecto ha sido perseguir a la prensa crítica y las disidencias”.

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Subrayó que el gobierno será juez y parte, a través de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, para determinar sanciones y multas a los medios de comunicación que, a su juicio, incumplan con los lineamientos emitidos por la Presidencia de la República.

“Por supuesto, hay que recordar que la CRT es parte de la Agencia de Transformación Digital, y ésta parte del Poder Ejecutivo. Han creado un procedimiento y le han dotado de unas facultades que la Ley de Telecomunicaciones no le da.

“Es decir, no sólo en el fondo es grave que pretendan regular contenidos, sino que rebasan la ley que se supone que deben cumplir. El órgano regulador no tiene las mínimas condiciones de independencia e imparcialidad, lo cual es todavía más grave”, manifestó.

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Por su parte, Irene Levy, presidenta del Observatorio de las Telecomunicaciones en México (Observatel), señaló que la propuesta de lineamientos establece la posibilidad de que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones intervenga y revise los contenidos editoriales para definir si se cumplen los derechos de las audiencias.

“En este caso sí me parece que el proyecto excede las facultades que le da la Ley de Telecomunicaciones [a la CRT]. Sí veo ciertamente un peligro de que la autoridad tenga la tentación de participar más de lo debido en los contenidos editoriales”, subrayó.

Resaltó que, con los lineamientos, el gobierno federal se otorga la facultad de revisar, supervisar e, incluso, iniciar procedimientos de sanción de oficio, es decir, sin que medie una queja de las audiencias, lo cual está fuera de la ley, es inconstitucional y tiene visos de censura.

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“La subjetividad es tal que sí, efectivamente, el gobierno podría decidir que eso es inexacto y, entonces, sancionar al medio de comunicación. Lo que más me preocupa es esta nueva facultad que se arroga la comisión en el artículo 53 del proyecto, que le permite a la comisión tener esta facultad de supervisar y de iniciar procesos de sanción, sin que nadie le haya pedido su intervención, esto y de monitorear, esto me parece que sí se acerca a la censura. Tampoco tiene sustento ni en la Constitución ni en la ley”, explicó.

Además, afirmó que el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo tiene inconsistencias jurídicas que deben corregirse porque genera lagunas legales y se extralimita a la Ley de Telecomunicaciones.

“Hay un problema de técnica jurídica en todo el documento, donde hay definiciones que no coinciden necesariamente con las definiciones de la ley, tienen problemas de redacción, hay problemas en el procedimiento, no queda clara la división de obligaciones entre los de televisión de paga y la televisión abierta…

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“Hay también varias cuestiones que pueden ser inconstitucionales… y en algunos casos sí van más allá de lo que la ley establece. Hay un problema general de técnica jurídica que habría que revisar. Me parece que este tipo de regulaciones tienen un efecto inhibidor en la libertad de expresión, porque ante la posibilidad de que te sancionen, tú te autocensuras”, advirtió.

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