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El gobierno mexicano debe implementar un mecanismo internacional para investigar crímenes atroces, violaciones a derechos humanos y actos de corrupción relacionados con los mismos, de lo contrario, organismos como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional podría intervenir.
De acuerdo con el informe Corrupción que mata, realizado por la Open Society Justice Initiative (OSJI), el mecanismo recomendado también debe estar encaminado a la investigación de delitos como lavado de dinero, desvío de recursos y abuso de poder.
La OSJI observó que organizaciones no gubernamentales han enviado diversas comunicaciones a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre la impunidad y el incremento en los niveles de violencia que registra el país.
“La principal responsabilidad yace en el gobierno mexicano, que debe investigar y perseguir estos crímenes”, reconoce el documento.
“México necesita un mecanismo internacional, basado en el país, integrado por personal nacional e internacional, con autoridad para investigar de manera independiente y, eventualmente, perseguir los crímenes atroces y los actos de corrupción relacionados a ellos”.
En el documento la OSJI reconoce que la administración actual ha rechazado la idea de un mecanismo internacionalizado como el que ellos proponen.
Para la organización, el personal internacional que integre el mecanismo estaría en él de modo temporal para proporcionar conocimientos especializados e independencia a su funcionamiento, así como el apoyo necesario y la protección requerida para “lidiar con la presión política”.
Indica que el personal nacional del mecanismo debe tener mandato territorial tanto a nivel federal como estatal.
El informe señala que durante la presente administración los crímenes violentos han aumentado y además se han expandido en otras áreas del país donde anteriormente no ocurrían.
“Los grupos del crimen organizado continúan practicando la tortura como táctica de terror e intimidación, al igual que la policía y otras autoridades de investigación”, señala.
Uno de los objetivos del análisis es revelar la posible colusión de funcionarios públicos del estado de Coahuila en la comisión de crímenes de lesa humanidad perpetrados por integrantes de Los Zetas mediante un estudio de las matanzas de Allende y Piedras Negras, ocurridas entre 2009 y 2012.
“Está claro que muchos de los encargados de proteger la integridad y la vida de las personas, por ejemplo, miembros de la policía local, pudieron, por el contrario, haber permitido los homicidios”, enfatiza.
“Hay evidencia que indica que al menos algunos altos funcionarios electos sabían de antemano acerca de los crímenes y acordaron no intervenir. Tal parece que otros funcionarios se enteraron de los crímenes mientras ocurrían y no intervinieron o no realizaron las investigaciones adecuadas después de los hechos”.
El documento establece que ni la propuesta de una Fiscalía General ni la creación del Sistema Nacional Anticorrupción garantizan independencia institucional o la competencia para investigar los crímenes cometidos por integrantes de la delincuencia organizada o las redes de corrupción entre ellos y los funcionarios públicos.
El informe también analiza el contenido de la Ley de Seguridad Interior y afirma: “Tal como está redactada ahora, la ley es peligrosamente excesiva: constituye una expansión sin precedentes del papel de las fuerzas militares en la seguridad pública de México y amenaza con deteriorar aún más las instituciones policiales civiles del país”, estableció.
Incluso, indicó que el carácter de autoridad como primer respondiente que se le da a los elementos castrenses pone en peligro las posibilidades de rendición penal a nivel nacional en casos de tortura y malos tratos a los detenidos por el Ejército.
