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El gobierno de México aseguró que se han logrado avances en los marcos jurídico e institucional, en materia de búsqueda de personas y combate a las desapariciones forzadas, como la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares, así como la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
El informe sobre el seguimiento a las recomendaciones del comité de las Naciones Unidas contra este ilícito —hechas en 2015—, se entregó el pasado 13 de febrero y la oficina del Alto Comisionado en México para los Derechos Humanos lo difundió. La Secretaría de Relaciones Exteriores, a nombre del gobierno, presentó el documento en el que da cuenta de los avances en materia de búsqueda de personas y combate a las desapariciones forzadas.
En su balance destaca la reciente entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares, así como del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que, asegura, “sentará las bases para el fortalecimiento institucional y el diseño de políticas públicas que permitan hacer frente al fenómeno de la desaparición de personas, a partir de los más altos estándares internacionales”.
El documento detalla las características destacables de la ley que establece dos tipos de sanciones, las cuales son de carácter permanente, se persiguen de oficio y el delito no prescribe. En el caso de la desaparición forzada de personas se castiga con una pena de prisión de 40 a 60 años, mientras que el delito de desaparición cometida por particulares se sanciona con prisión de 25 a 50 años.
Además, se instaló la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y se establece que las víctimas tienen derecho a medidas de reparación integral, las cuales no prescriben.
En el informe, el gobierno se compromete a continuar trabajando de la mano de la sociedad civil en el proceso de instrumentación efectiva de la ley de desaparición forzada, lo que constituye una prioridad.
“Estos logros se han alcanzado gracias al trabajo conjunto del gobierno mexicano con organizaciones de la sociedad civil y colectivos de familiares de personas desaparecidas, lo mismo que con organizaciones internacionales, las cuales participaron de manera activa en el proceso de elaboración y adopción de la ley”, señaló.
El gobierno federal agregó que también se busca fortalecer el diálogo con los colectivos de familiares de personas que han sido víctimas de este delito.
“El Estado se compromete a trabajar de la mano de la sociedad civil en el proceso de instrumentación efectiva de la Ley General [en materia de Desaparición Forzada], lo que constituye una prioridad. Este compromiso fue manifestado por el gobierno en una reunión de diálogo con [la] sociedad civil y colectivos de familiares, sobre la elaboración del informe”, indicó.
El documento compromete que el gobierno continuará “buscando fortalecer el diálogo y remisión de información al comité, que fomente la colaboración constructiva para la aplicación efectiva de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”.
Hasta ahora está pendiente la designación del titular de la CNB.
