Congreso, sin medios para resolver caso Iguala

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La Cámara de Diputados manifestó estar imposibilitada para cumplir con las sentencias de amparo que ordenaron la creación de una comisión de la verdad para investigar el Caso Iguala.

En tres de los cuatro amparos concedidos a algunos de los implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la Cámara de Diputados informó al Tercer Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito que tiene una imposibilidad material y jurídica para cumplir con ese mandato.

“Agréguese el escrito y anexos de la licenciada Nuria Fouilloux Meraz, subdirectora de Amparos, así como representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por el que desahoga la vista realizada a través del proveído el 19 de junio del año en curso, en la que arguye una imposibilidad material y jurídica para el cumplimiento de la misma”, indicó el magistrado.

Las sentencias de amparo fueron dictadas por el Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas, y en ellas los magistrados concluyeron que la Procuraduría General de la República (PGR) no actuó de manera “pronta, efectiva, independiente, ni imparcial” en la investigación sobre la desaparición de los normalistas, ocurrida en septiembre de 2014.

Los magistrados ordenaron la creación de una comisión de la verdad que debía estar integrada por personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), representantes de los 43 estudiantes y ministerios públicos federales que definirán las líneas de investigación y realizarán las diligencias pertinentes para encontrar a los normalistas o qué pasó con ellos.

En las sentencias, el Tribunal exhortó al Congreso de la Unión y a la Presidencia de la República a facilitar la labor de la comisión, de manera infraestructural y presupuestal.

El Tercer Tribunal Unitario de Tamaulipas, encargado de requerir el cumplimiento de las sentencias de amparo, dio vista a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a los familiares de los 43 estudiantes, a la Presidencia y a la PGR, la cual promovió un incidente de imposibilidad material, real y jurídica para cumplir con la sentencia.