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En sesión privada, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que continuará la suspensión de actividades por la reforma judicial que será votada en el Senado.
También se mantendrán las guardias necesarias, sin que corran plazos hasta este jueves, lo que fue apoyado con los votos a favor de los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y la presidenta Norma Lucía Piña Hernández.
En contra votaron las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf y se abstuvo la ministra Lenia Batres Guadarrama.
En tanto, las salas deberán acordar si celebran sesión a distancia. Asimismo, se dará tramitación de los asuntos urgentes conforme al criterio de los ministros a los que corresponda proveer en el ámbito de su competencia.
El próximo 12 de septiembre el pleno del Alto Tribunal valorará la situación que prevalece y adoptará las medidas conducentes.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa consideró que la ministra presidenta Norma Piña Hernández ha tenido falta de visión política, loque ha ocasionado esta reforma al Poder Judicial.
“El mensaje de la ministra presidenta viene a destiempo… Es un mensaje absurdo decir que es una demolición al Poder Judicial”, expresó en entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula.
Comentó que quiere presidir la Corte: “Si continuara como ministra de la Corte, en caso de participar, a mí me gustaría presidir la Corte... Eso depende de si se aprueba la reforma”.
El domingo pasado, Piña Hernández presentó una contrapropuesta de reforma al Poder Judicial y manifestó que la demolición del Poder Judicial no es la vía para superar la crisis de seguridad y justicia que se vive en el país.
“La demolición del Poder Judicial no es la vía como se pretende. Si tenemos el valor y la voluntad real, podríamos dar pasos firmes para hacer los cambios profundos y necesarios para construir la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita”, remarcó.
Por otra parte, la ministra Batres destacó que el paro de labores vulnera el derecho humano de acceso a la justicia y atenta contra la democracia constitucional al paralizar a uno de los tres Poderes de la Unión.
Subrayó que estas conductas no tienen ninguna base jurídica y se trata de acciones políticas que tienen como finalidad sabotear el análisis y la discusión que se realiza en estos momentos en el Senado sobre la reforma judicial.
Batres apuntó que la suspensión de actividades de la SCJN es causa de juicio político, el artículo 109, fracción I de la Constitución, advierte que procede el juicio político para la destitución de cualquier servidor público, el cual incurra en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
La ministra remarcó que no existe ninguna ley que permita a los ministros suspender su función jurisdiccional, y mucho menos, seguir devengando su sueldo mientras mantienen paralizada su función.
Sobre la contrapropuesta de reforma al Poder Judicial que difundió la ministra presidenta, Batres Guadarrama expresó que no fue consultada con el pleno de la Corte, como correspondería a una postura de un órgano colegiado.
“Se trata de una visión unilateral, cada vez más aislada y ajena a los reclamos del pueblo de México, sobre el sistema de justicia”, expresó.
El jueves pasado, las ministras Batres y Ortiz asistieron a un mitin a favor de la reforma judicial, por integrantes del Colectivo Jóvenes por la Reforma, frente a la SCJN.
En su intervención, Batres resaltó que se requiere acceso a la justicia para todos los mexicanos, igual que para el más rico para el más pobre del país y es la principal reforma que necesita el Poder Judicial.
Abundó que para eso requieren avanzar en una justicia o en un Poder Judicial sometido a controles.
“Al control de los jueces mismos, necesitamos un órgano de jueces que pueda juzgar jueces —lo que ya se está resolviendo—, necesitamos también controles administrativos, que pueda haber sanciones administrativas, de suspensiones, cuando se tardan los jueces en resolver los casos, por ejemplo”, aseveró en esa ocasión.
Batres subrayó que la mejor forma de combatir la corrupción es el sometimiento de los servidores públicos a controles.
“Necesitamos que estén sometidos al control financiero, que haya un Poder, como el Poder Legislativo, que pueda auditar al Poder Judicial, porque actualmente no lo hace.
