En sus primeros 15 meses, la Cuarta Transformación, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, aprobó ocho reformas constitucionales, una más que la administración de Felipe Calderón y dos más que el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, la gestión que más reformas a leyes, reglamentos, códigos y decretos alcanzó en su primer año fue la de Peña Nieto, al llegar a 95, incluidas las seis modificaciones a la Carta Magna por los inicios del Pacto por México.

De acuerdo con el recuento oficial de la Cámara de Diputados, la Cuarta Transformación está empatada con el gobierno de Felipe Calderón en reformas aprobadas a leyes, reglamentos, códigos y decretos, con 59 durante sus primeros meses de gobierno.

En lo que va del primer año de López Obrador se han aprobado ocho reformas constitucionales. La primera fue crear la , a fin de hacer uso de los bienes patrimoniales de ilegítima procedencia o derivados de delitos, como la corrupción, delincuencia organizada, entre otros.

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Seguida de la reforma 19 constitucional sobre , luego de la creación de la Guardia Nacional, que surgió de la negociación entre Morena y el bloque opositor en el Senado.

Este nuevo cuerpo de seguridad a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) es de carácter civil y su creación dio origen a cuatro leyes nacionales: la nacional sobre el uso de la fuerza, la de detenciones, y la general del sistema nacional de seguridad pública.

La cuarta fue la , con la cual desapareció el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, para crear el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. También, la rectoría e implementación del Sistema de Carrera de los Maestros recayó en la federación. Esta reforma al artículo tercero de la Constitución derogó la modificación hecha en 2013, en la gestión de Peña Nieto.

Le siguió la , que impulsó la oposición en el Senado y que contó con el respaldo de Morena. La figura hace obligatorio el principio de paridad en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los tres órdenes de gobierno, en los órganos autónomos y en los partidos.

La sexta es la reforma al , la cual indica que se podrá proceder penalmente contra el Presidente y amplía el catálogo de delitos por los cuales puede ser juzgado. También procede contra los integrantes del Congreso de la Unión.

También están los cambios al artículo segundo constitucional, que reconoce a las personas y .

Finalmente, la reforma en materia de , de la que 90% de su redacción fue elaborada por el bloque opositor en el Senado.

Felipe Calderón

En el primer año de la administración de Felipe Calderón (2006-2012) se avalaron siete modificaciones a la Carta Magna, entre las que se encuentran la reforma electoral del 13 de noviembre de 2007, con la que se detallaba el financiamiento a los partidos políticos; la anulación de las elecciones con el rebase del tope de gastos de campaña y la prohibición para que los partidos o privados contrataran publicidad en radio y televisión.

Otra modificación importante fue en materia de transparencia para que los ciudadanos pudieran tener acceso a documentos oficiales.

Además, el 20 de junio de 2007 se modificó el artículo 73 de la Constitución para darle facultades al Congreso de legislar en materia de hidrocarburos. El 19 de junio del mismo año se cambió el artículo 82 constitucional para obligar a los secretarios de Estado, al procurador General de la República (hoy fiscal), gobernadores o jefes de Gobierno del entonces Distrito Federal a que se separaran de sus cargos seis meses antes de la elección presidencial.

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Peña Nieto

El primer año de Enrique Peña Nieto fue el más productivo de las tres últimas administraciones federales, al reformar 95 veces leyes, reglamentos, códigos, decretos y la Carta Magna.

El 2 de diciembre de 2012, un día después de rendir protesta, Peña Nieto, junto con los principales líderes de la oposición y los gobernadores, firmó el Pacto por México.

Uno de los cambios más importantes que se concretaron en el primer año del priista ocurrió el 26 de febrero de 2013, cuando se publicó la reforma educativa; sin embargo, ésta quedó derogada en la administración de López Obrador.

La segunda más relevante sucedió el 11 de junio de 2013, cuando se publicó la reforma a los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Carta Magna. Se trató de la reforma en telecomunicaciones para bajar los costos de distintos servicios e incentivar la competencia.

Otra modificación fue la que se publicó el 19 de julio para otorgar libertades de conciencia y de religión y participar libremente en ceremonias de culto. El 30 de septiembre de 2013 se modificó el artículo 37 para que el Presidente, los senadores y diputados del Congreso y los ministros de la Suprema Corte puedan aceptar libremente y usar condecoraciones extranjeras.

Otra importante y que causó mucha polémica fue un nuevo diseño en la administración pública para desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública y llevar esta responsabilidad a Gobernación.

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Primero de diciembre 2018

Desde los primeros minutos después de haber rendido protesta, Andrés Manuel López Obrador diseñó un plan con distintas reformas que enviaría al Congreso para sentar las bases de la Cuarta Transformación.

Por ejemplo, anunció la reforma al artículo 108 para acabar con la impunidad y eliminar el fuero a los altos funcionarios públicos, incluido el Presidente, y que pudieran ser juzgados por cualquier delito.

“Hoy presento a este Congreso reformas constitucionales (...) para establecer el Estado de bienestar y garantizar el derecho del pueblo a la salud, la educación y a la seguridad. Se cancelará la mal llamada reforma educativa. Aplicaremos rápido los cambios para que si en el futuro nuestros adversarios, que no nuestros enemigos, nos vencen, les cueste trabajo dar marcha atrás a lo que ya habremos de conseguir. Como dirían los liberales del siglo XIX: ‘Que no sea fácil retrogradar’”, dijo.

Otras de las reformas que ha emprendido son: la Ley de Austeridad Republicana, la de Fomento a la Confianza Ciudadana, la Orgánica a la Administración Pública Federal y la de la Defraudación Fiscal.

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