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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, previó un aumento en el número de detenidos por robo de combustibles, luego de la reforma constitucional que incluyó esta práctica en la lista de ilícitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Refirió que del 1 de enero a la fecha hay un total de 104 personas detenidas relacionadas con esta actividad, por 17 denuncias penales presentadas por la unidad que encabeza ante la Fiscalía General de la República (FGR).
El funcionario federal destacó que en realidad el número inicial de personas detenidas fue de 600, pero como el delito no merecía prisión preventiva oficiosa, solamente se concluyó que la ameritaban 104 casos.
“Es decir, es menos del número total de detenidos, pero tiene que ver con las reglas del sistema; ahora que la reforma constitucional está en marcha, podremos tener resultados con mayor número de detenidos”, indicó en entrevista, al término de la presentación del libro Sin filias ni fobias. Memorias de un fiscal incómodo, en el Instituto Nacional Electoral (INE).
Nieto Castillo detalló que en sólo dos meses se congelaron 907 millones de pesos involucrados en el robo de hidrocarburos, lo que implica más que todo lo asegurado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada durante el año pasado.
El funcionario de la Secretaría de Hacienda refirió que de manera bimestral se darán a conocer los reportes de detenidos y de dinero “congelado, confiando en que la FGR también logrará los aseguramientos”.
Sobre este tema, reveló que hay más de 12 mil carpetas abiertas y que “cuando la FGR informe sobre el aseguramiento, podremos tener los montos totales”.
En cuanto a la investigación en torno al presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, por posible conflicto de intereses y presunta defraudación fiscal con empresas que habrían resultado beneficiadas de la reforma energética, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dejó claro que “no hay persecución personal.
“No hay persecución contra nadie, lo que estamos investigando es todo el proceso de reforma constitucional en materia energética, porque existen indicios de que se generaron actos de corrupción”, expuso.
Refirió que hay servidores públicos que estuvieron relacionados con la reforma y, a su vez, vinculados con empresas involucradas en la materia, “pero es un tema de análisis a partir de la base de datos con las que cuenta la UIF, que sólo recibe analiza y disemina la información, y de nuestras bases de datos han surgido casos.
“Lo que nosotros planteamos es que en el momento en que hubiera elementos, se presentarán las denuncias ante la FGR, ante la Procuraduría Fiscal, si hubiera defraudación fiscal; aunque el fondo es qué pasó con la reforma energética”, puntualizó.
La presentación del libro Sin filias ni fobias. Memorias de un fiscal incómodo se llevó a cabo en el marco del foro La democracia se construye desde lo local, organizado por la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales.
