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El Partido del Trabajo confirmó que la Procuraduría General de la República (PGR) retiró la imputación por falta de elementos contra Guadalupe Rodríguez Martínez, esposa del líder nacional del PT, Alberto Anaya, y tres de sus colaboradores, acusados de lavar 100 millones de pesos entregados por el gobierno de Nuevo León en 2017 .
De esta manera, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Orlando Íñiguez Delgadillo canceló la orden de aprehensión contra Rodríguez Martínez y desechó la vinculación a proceso en perjuicio de Héctor Quiroz García, dirigente del PT en Aguascalientes, María Mayda Paredes y María Cristina Martínez, colaboradoras de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis).
En octubre del año pasado, la PGR obtuvo de un juez federal una orden de aprehensión contra María Guadalupe Rodríguez, quien fue acusada de encabezar una red de lavado de dinero que supuestamente desvió 100 millones de pesos destinados a 17 Centros de Desarrollo Infantil.
De acuerdo con la carpeta de investigación 241/2017 de la PGR, en febrero del año pasado el gobierno de Nuevo León depósito 100 millones de pesos a la cuenta personal de María Guadalupe Rodríguez Martínez, quien abril pasado un juez federal le concedió un amparo para descongelar sus cuentas bancarias.
Dicha cantidad se dispersó a varias cuentas bancarias, entre ellas la del líder del PT en Aguascalientes, Héctor Quiroz, quien habría recibido 12.8 de los 100 millones etiquetados originalmente para los Centros de Desarrollo Infantil del Frente Popular Tierra y Libertad.
Para fortalecer la investigación, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), solicitó información al Servicio de Administración Tributaria de las cuentas bancarias de Quiroz García, María Mayda Paredes y María Cristina García, con el objetivo de determinar si habrían incurrido en defraudación fiscal.
La PGR solicitó vincular a proceso al dirigente del Partido del Trabajo (PT) en Aguascalientes, Héctor Quiroz García, pero no la prisión preventiva.
En un comunicado, el PT señaló que el desistimiento confirma “el uso correcto y transparente de los recursos asignados a los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) y que fue parte de una estrategia de persecución política y represalia motivadas por el apoyo del PT al ahora presidente electo, Andrés Manuel López Obrador”.
Mediante un comunicado, se congratuló de la “resolución final del juez federal, se hizo justicia; siempre confiamos en que el caso se resolvería a favor de los compañeros, ya que las ominosas y falsas acusaciones de malversación de recursos, lavado de dinero, hasta el absurdo señalamiento de financiamiento al terrorismo, perfilaban un caso débil, con nulo sustento, y luego de una lucha intensa en las instancias judiciales por fin la verdad salió a la luz pública”.
