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Aun cuando en fecha reciente declaró que habrá respeto hacia los sindicatos, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, hará obligatorio que líderes sindicales y de asociaciones civiles que reciban recursos públicos, tengan que transparentar sus declaraciones patrimoniales y que éstas sean públicas.
López Obrador contempla un plan para acabar con conflictos de interés, en el que plantea una reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para crear una ley federal de combate de conflictos de interés.
En dicha ley, según el proyecto del presidente electo, se establecerá un sistema universal de declaración patrimonial y declaración jurada al que tendrán que someterse todos los funcionarios públicos: “Participarán, sin excepción alguna, todos los funcionarios públicos, representantes populares, jueces, magistrados, militantes y funcionarios de partidos políticos, de sindicatos y miembros de asociaciones civiles y cualquier otra persona física o moral que utilice, recaude, resguarde, gestione dinero o que asuma obligaciones públicas y de naturaleza pecuniaria en nombre del gobierno de la República”, indica la propuesta.
La iniciativa incluye la instauración de tipos penales especiales por opacidad, simulación o colusión, así como fortalecer las disposiciones sancionadoras en materia de conflictos de interés en la actual legislación.
“Habría que complementar este sofisticado régimen de sanciones con un nuevo diseño institucional que permita hacerlas efectivas. El pésimo diseño institucional para la rendición de cuentas ha garantizado a todos los funcionarios públicos que delinquen en este aspecto, total impunidad”, detalla el documento que no precisa las sanciones específicas que podrían imponerse a quien no presente sus declaraciones patrimoniales.
El objetivo de los cambios a la ley obliga a todos los funcionarios a: presentar su declaración de bienes patrimoniales, así como la de sus familiares cercanos, que será pública y transparente en todos los casos. Esto, para eliminar los conflictos de interés desde raíz.
El equipo de López Obrador toma el ejemplo de Estados Unidos, según el documento, en el que los funcionarios públicos, además de declarar sus posesiones, también las modifican de manera radical para prevenir cualquier posible conflicto de interés en el futuro.
La reforma, que entraría en vigor en la próxima administración, busca también que la Constitución establezca una separación absoluta y categórica entre la función pública y los intereses particulares.
Así, para poder ocupar cualquier cargo público, judicial, de arbitraje en los órganos autónomos, o de representación popular, las personas interesadas deberán deshacerse de forma legal e irrevocable de los activos e intereses económicos que afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades públicas.
Por tanto, quedaría “estrictamente prohibido que cualquier funcionario público y sus familiares hasta en un cuarto grado de consanguinidad se vinculen al amparo de su cargo público con contratistas, inversionistas o empresarios nacionales o internacionales para establecer cualquier tipo de negocios privados”.
En el documento se critica que instancias facultadas para castigar a los servidores públicos, como la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República (PGR), no tienen ninguna independencia del Presidente de la República. Además de que las instancias independientes, como la Auditoría Superior de la Federación o el Congreso de la Unión, se encuentran sumamente limitadas en sus facultades de investigación y de sanción.
El proyecto completo, no sólo el que se refiere a abrir las declaraciones patrimoniales, busca un ahorro de 764 millones 239 mil pesos para la próxima administración con el objetivo de eliminar los conflictos de interés.
Esto incluye acabar con el costo de los sobornos, la simulación en el cumplimiento de los requisitos para participar en contrataciones públicas, las dádivas a los servidores públicos a cambio de beneficios en la asignación de contratos, y otras irregularidades para obtener ventajas económicas o beneficios ilegales.
Según el proyecto, esa cifra es resultado del cálculo de que la corrupción en compras y licitaciones a nivel nacional equivale a siete veces el presupuesto anual que recibe la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), equivalente en 2017 a 109 millones 177 mil pesos.
