Se estima que en México existen entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes que están en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado, que representa un crimen que se ha agravado sostiene el informe “Desapariciones Forzadas Generalizadas y/o Sistemáticas Cometidas en México” que fue presentado por organizaciones de la sociedad civil y colectivos de familiares de personas desaparecidas al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) para sustentar la activación del artículo 34 de la Convención Internacional.
“El involucramiento de niños, niñas y adolescentes es visto como una suerte de "inversión" por los grupos delictivos, aprovechando la necesidad de pertenecer, la búsqueda de protección, poder, drogas y otros lujos”, destaca.
Señala que en los estudios realizados se van descubriendo nuevos rasgos y magnitudes en función de los factores de riesgo y vulnerabilidad que viven los niños y adolescentes, además de los cambios operativos y estratégicos de algunas organizaciones delictivas.
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Y es que agrega que además de los grandes cárteles, también hay familias delictivas y pandillas que los llevan directamente a las actividades criminales.
Desaparición detrás del reclutamiento forzado
Precisa que la desaparición de adolescentes podría ser efecto del reclutamiento forzado y la utilización a la que están expuestos. “El temor y las amenazas de ser reclutados por grupos delincuenciales o del crimen organizado pueden ser un factor causal para que niños y niñas migren irregularmente, o vivan desplazamiento forzado”, menciona.
Agrega que de acuerdo con el análisis del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) al 14 de marzo de 2025, cada día se reportaron a 28 niñas, niños y adolescentes como desaparecidos durante 2024 e indica que desde que se tiene registro, 112,579 menores de edad han sido reportadas en esta situación, y una de cada seis de estas personas continuaban desaparecidas o no localizadas (17,349 en total).
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Agrega que la trata de personas también está relacionada con la desaparición de este grupo de población.
“Pese a que México cuenta con una ley, reglamento e incluso programas para prevenir, sancionar y atender esta problemática, de acuerdo con datos oficiales 2,935 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de este delito, entre 2015 y 2025. Si para el promedio de población infancias y adolescencias representan en torno al 30%, para el universo de víctimas de trata representan el 36%159. Y al analizar por género y edad el propio RNPDNO, se puede observar que el grupo que destaca mayormente es el de las adolescentes mujeres, entre los 14 y los 19 años”, acota.
El informe resalta que el reclutamiento forzado de jóvenes —y de personas en general— constituye una estrategia planificada y sistemática por parte de integrantes del crimen organizado, lo que evidencia la existencia de una política de organización orientada a capturar y someter a personas con el fin de integrarlas forzadamente a sus estructuras.
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“Esta práctica implica necesariamente su desaparición, pues las personas son privadas de la libertad y sometidas a entrenamiento para realizar actividades ilícitas como ejercer funciones de sicariato, trabajar en campos de cultivo o en laboratorios clandestinos”, dice.
Añade que diversos testimonios y hallazgos han documentado que, en caso de que las personas reclutadas no resulten “útiles”, son asesinadas y sus cuerpos ocultados en fosas clandestinas, calcinados, desmembrados o disueltos.
“Estas prácticas no sólo revelan sistematicidad, planificación y multiplicidad, sino que constituyen crímenes de lesa humanidad. A ello se suma la responsabilidad del Estado, no sólo cuando sus agentes participan directamente en estas conductas, sino también cuando lo hacen por medio de autorización, apoyo o aquiescencia”, refiere.
Y señala que sentido, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas ha establecido que existe responsabilidad estatal cuando las desapariciones son cometidas por particulares o grupos organizados con el consentimiento, respaldo o tolerancia del Estado, o cuando éste no adopta medidas razonables para prevenirlas, investigarlas y sancionar a los responsables.
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