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Teresa Castellanos, la líder que continúa la lucha del asesinado Samir Flores frente a la termoeléctrica de Huexca, Morelos, afirma categórica: “Andrés Manuel López Obrador no está cumpliendo su palabra. Está traicionando a la gente que votó por él y al país. No está con el pueblo”. Recuerda con nitidez cuando, en el año 2014, durante un mitin en Yecapixtla, un pueblo morelense, López Obrador-candidato prometió en un estrado: “No queremos ese gasoducto, no queremos esa termoeléctrica —aplausos del público—, vamos a apoyarles en todo, pueden contar con nosotros”.
Castellanos Ruiz es integrante de Huexca en Resistencia y de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, que se han opuesto a la termoeléctrica desde hace años. Ella y sus vecinos mantienen un plantón para impedir que se construyan los últimos metros del acueducto que concluiría el Proyecto Integral Morelos (PIM). Esta millonaria obra, licitada en 2010, contempla dos centrales eléctricas —una ya construida—, un gasoducto de 160 kilómetros desde Tlaxcala que recorre la falda del volcán Popocatépetl y ese acueducto.
López Obrador, ya como Presidente, cambió de opinión en febrero de 2019. Anunció una consulta ciudadana en nueve municipios de Tlaxcala, 36 de Morelos y 15 de Puebla, y se pronunció a favor del proyecto y el resultado, que fue positivo para el PIM, considerado ilegítimo por los vecinos de Huexca y alrededores. En total hubo 55 mil 715 votos: 60% a favor, 40% en contra.
“Yo sé que él no mandó iniciar este proyecto, lo entiendo, pero tiene la oportunidad de decir que este plan no va. Los pueblos afectados ya dijimos hace tiempo que no lo queremos, pero sigue con su discurso barato de que la termoeléctrica va”, lamenta Castellanos Ruiz.
El Jefe del Ejecutivo ha presumido, a lo largo de sus tres campañas hasta la Presidencia de México, haber recorrido todo el país. Tras realizar un rastreo de aquellos lugares que registraban conflictos sociales con empresas o megaproyectos, EL UNIVERSAL buscó en cuáles López Obrador-candidato había realizado alguna promesa y hasta qué punto cumple los compromisos López Obrador-presidente. De los nueve casos analizados cumplió uno, tiene tres en proceso y cinco que no ha comenzado.
A principios de junio se preguntó por estos compromisos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a la Secretaría de Energía (SE), pero a la publicación de este texto no habían respondido.
“El contexto electoral siempre es clave para establecer una agenda que no va dirigida a materializarse en acciones concretas de gobierno, sino que está basada en una necesidad de triunfo, en una competición por el todo o nada”, explica Salvador Mora, maestro en el Posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Para el académico, hay grandes diferencias entre López Obrador-candidato y López Obrador-presidente. Mientras que el primero hizo de su independencia un valor, los compromisos adquiridos y las limitaciones del poder hacen desaparecer ese valor en el segundo.
“Una de las cuestiones más severas es que Morena es un proyecto que presume de estar basado en movimientos, como los que están detrás de la oposición a la termoeléctrica o al desarrollo de presas, a los que luego descalifica”, concluye.
“[El Mandatario] ya demostró a lo largo de la campaña que el tema ambiental no es relevante para él”, reflexiona Leticia Merino, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y especializada en el uso integral y sustentable de los recursos naturales. La coordinadora de la Agenda ambiental 2018, diagnósticos y propuestas opina que aunque se habló de desarrollo sustentable, fue de una manera retórica, sin darle la importancia que el tema debería tener.
“[López] Obrador en campaña dijo una serie de cosas, pero no se han reflejado ni en la realidad ni en la legislación”, puntualiza Merino Pérez.
Minería
En diversos municipios mineros de Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí y Guerrero en 2011, 2013, 2014 y 2015, López Obrador repitió tres promesas: mayores impuestos para las mineras, que las empresas tendrían que cuidar el medio ambiente y que los trabajadores mexicanos iban a cobrar lo mismo que sus pares canadienses.
De acuerdo con la organización MiningWatch Canada, un minero canadiense cobra una media de 80 mil dólares canadienses anuales, alrededor de un millón 150 mil pesos mexicanos al cambio actual. Según el registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en 2018 el Salario diario asociado a trabajadores asegurados del IMSS para actividades extractivas en promedio fue de 583.23 pesos. Multiplicado por 365 días, da un total de 212 mil 878, aproximadamente una quinta parte.
En lo relativo a cuidar el medio ambiente, actualmente hay ante las cámaras seis iniciativas de ley pendientes de comisión relativas a minería presentadas por legisladores de Morena, que contemplan diversos aspectos relacionados: garantizar la consulta previa, un seguro ante desastres para las comunidades afectadas, prohibir actividades de mineras en áreas naturales protegidas o la posibilidad de cancelar concesiones mineras si se violan leyes ambientales.
Pero la iniciativa presentada por la fallecida senadora de Morena, Angélica García Arrieta, que causó un desplome en la cotización de las concesionarias de minas listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, fue rechazada en abril de 2019. Esta propuesta contemplaba la posibilidad de declarar zonas libres de explotación minera aquellas con conflicto social, una mayor rendición de cuentas por parte de las empresas y la obligación de destinar un monto mínimo de sus ganancias para el desarrollo de las comunidades, entre otras medidas.
Iván Benumea, autor del capítulo de fiscalidad en mineras del Anuario de Industrias Extractivas de la organización Fundar, explica que desde 2014 no ha cambiado el marco fiscal del sector. En el último informe trimestral al Congreso se especifica que el sector de la minería tuvo una recaudación neta en los primeros tres meses de este año de 4 mil 926 millones de pesos, una cifra muy similar a lo recaudado otros años. Aunque, como en el pasado mes de enero eliminaron la compensación universal por IVA, con la que el sector se ahorró más de 6 mil millones de pesos, el experto opina que a lo largo del año subirá el monto neto.
En 2018, López Obrador anunció que el gobierno federal apoyaría a los “nueve municipios de Guerrero en donde hay explotación minera” y que invertirían “211 millones de pesos para pavimentar caminos rurales”. De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para el ejercicio 2019 y el estado de Guerrero, se tienen autorizados 262 millones de pesos para atender trabajos de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y Alimentadores. Hay dos proyectos para un par de caminos ubicados en esos municipios mineros por 9.2 millones de pesos.
Hidroeléctricas
Corte A. “No a la presa de El Zapotillo”. Aplausos. “Vamos a darle seguimiento a todo su movimiento. Vamos a insistir hasta que se reboque la decisión de construir esta presa”, declaró López Obrador-candidato en 2010, en el municipio de Temacapulín, Jalisco. Junto con Acasico y Palmarejo, quedaría inundado de ponerse esta presa en marcha. Según información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la presa, construida casi del todo, está parada mientras se resuelven unos amparos.
Corte B. López Obrador, ya como presidente electo en octubre de 2018, realiza una gira de agradecimiento por Guanajuato. Allí dijo que la presa y el acueducto El Zapotillo-León no serán cancelados y, por el contrario, tendrán que concluirse en su periodo.
Corte C. Ya convertido en presidente con plenos poderes, da su conferencia mañanera en Guadalajara, Jalisco, el pasado abril. Ante preguntas sobre El Zapotillo, afirma: “Es un asunto pendiente. Estamos valorando lo que se ha invertido, porque ya hay una buena parte de la obra construida (...) Ahí se queda, no nos corresponde, no lo iniciamos nosotros, no es prioritario”.
No es la única gran obra de infraestructura hídrica que López Obrador ha prometido parar. En 2015, entre sus 25 compromisos con el pueblo de Guerrero está el de “cancelar en definitiva el proyecto de la presa La Parota”. Como en el caso de El Zapotillo, la presa hidroeléctrica está casi concluida y hay varios amparos por resolverse, informaron desde la Conagua.
Energía eólica
En 2015, AMLO-candidato visitó Santo Domingo Ingenio, Oaxaca. Allá aseguró que, de ganar Morena en 2018, “sí se va a poner un ventilador para generar energía eólica, lo que se obtenga de ganancia va a ser para el inversionista y también para el dueño de la tierra, va a recibir un beneficio” y que no es correcto que en “los municipios generadores de eólica del Istmo de Tehuantepec (...) el pueblo pague altas tarifas de luz”.
Según Daniel Chacón, de la Plataforma México Clima y Energía, no hay nada legislado en el aspecto de repartir beneficios con los dueños de las tierras: “Ahora son los propios inversionistas, seguramente forzados por las comunidades y sus bloqueos, los que han llegado a algunos acuerdos de beneficio con las comunidades”, ahonda.
En el aspecto de que los habitantes de las zonas aledañas a los molinos aerogeneradores paguen altas tarifas de luz, ahora mismo en el Istmo hay una huelga de pagos impulsada por la Red de Vecinos Afectados por los Sismos. Magali Sánchez Santiago, activista y regidora de Juchitlán por Morena, cuenta que hay unas 3 mil personas en la zona que han decidido dejar de pagar los recibos de la luz ante las tarifas elevadas. Tras varias protestas lograron el 12 de abril firmar con la Comisión Federal de Electricidad un documento en el que se leía: “CFE revisará la tarifa de acuerdo a la temperatura media de la región para saber si es posible proponer un cambio de tarifa”. Ella asegura que no ha habido avances desde esa fecha.
