El viernes pasado, Fitch Ratings ratificó la calificación soberana de México en BBB-, el último peldaño del grado de inversión, con perspectiva estable.
La calificadora fue clara. México crece poco, recauda poco y Pemex es una carga. México creció 0.8% el año pasado. La deuda pública cerró el año alrededor de 52.6% del PIB. El déficit fiscal sigue por encima de la mediana de otros países con calificación de triple B. La reforma judicial, junto con los cambios en la administración tributaria y la incertidumbre arancelaria, ha frenado la inversión privada. No son datos nuevos.
Fitch recalca el bajo crecimiento de México lo que remite a la sempiterna pregunta de qué debería de hacer México para crecer. Muchos dicen que por diagnósticos no paramos, que lo que nos falla es la ejecución. El bajo crecimiento del país lleva décadas preocupando. Nos preocupamos mucho, pero nos ocupamos poco.
El argumento al que se recurre continuamente cuando se habla de las fortalezas del país es la estabilidad macroeconómica. Si bien esa estabilidad se desea y se debe procurar, por sí misma no genera crecimiento. Se habla también de la fortaleza del sector externo que sin duda ha sido motor del crecimiento económico —poco o mucho— que haya tenido el país en los últimos años, pero olvidamos que esa fortaleza radica básicamente en el país que tenemos al norte. Mientras Estados Unidos nos siga comprando, el sector externo seguirá dinámico.
El crecimiento regional también es distinto, pero lo es en prácticamente todos los países. Y las diferentes tasas de crecimiento entre entidades tampoco explicarían el bajo crecimiento a lo largo de los años. La tasa promedio de crecimiento de las 16 entidades que más han crecido en los últimos diez años es 2.06%. La de las 16 que menos han crecido es de solo 0.5%, empujada por el decrecimiento de Campeche que en promedio por año ha decrecido 4.56% durante los últimos diez años.
La respuesta pasaría por la inversión. Es lo único que acabaría generando un mercado interno sólido y un crecimiento sostenido en el mediano plazo.
Las empresas no invierten donde las reglas cambian sin aviso o donde el entorno judicial es poco predecible, donde la certeza jurídica es la excepción. Recuperar la confianza del sector empresarial debería ser un acto de política pública. La inversión requiere señales concretas. Regulación clara —que no es lo mismo que laxa— e inversión pública rentable que genere un efecto multiplicador.
Suena evidente, pero hay momentos en los que lo evidente se tiene que enfatizar. No cualquier proyecto de inversión pública es realmente inversión. Muchos, como estamos viendo, han sido solo proyectos de gasto que no generan rendimientos ni financieros ni sociales.
Los bancos se quejan de que no hay proyectos en los que invertir, los privados de que no hay financiamiento que cubra los riesgos. Las nuevas asociaciones público-privadas tienen la posibilidad de corregir eso, pero lo que se ha planteado hasta el momento tampoco ha sido lo suficientemente atractivo.
La política pública debería de servir para acortar esa distancia. México necesita desesperadamente infraestructura. Infraestructura energética, hídrica, carretera, logística, portuaria. No será el único, pero cualquier paso que demos para crecer más tendrá, sí o sí, que pasar por la inversión.
@ValeriaMoy
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