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Hasta 2018, la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) no tenían investigaciones pendientes en mi contra, informó Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
A través de una carta dirigida al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, la exfuncionaria señaló que hay un “linchamiento mediático” en su contra que pone en riesgo su integridad y ha influido en los órganos de procuración de justicia.
Por ello, solicitó a Zaldívar que el Poder Judicial sea garante de una actuación imparcial en la causa penal iniciada en su contra por la Fiscalía General de la República (FGR), y que se respete el debido proceso.
“Todo este linchamiento mediático ha influido (...) en los órganos encargados de procuración de justicia y ha puesto en riesgo mi integridad personal, mi derecho a la honra y el debido proceso”, dice el escrito recibido ayer en la SCJN.
“En este caso ha habido filtraciones indebidas y violaciones a mis derechos, le pido con todo respeto que en el proceso al que seré sometida se consideren todos estos hechos para que no influyan en el ánimo del juzgador”.
Afirmó que el 8 de agosto a las 11:00 horas comparecerá ante el juez de control del Reclusorio Sur, que la requiere para que la FGR formule imputación en su contra por ejercicio indebido de servicio público.
“No tengo nada que esconder, por lo que me presentaré el jueves 8, como ordena la autoridad. Sólo pido justicia. Ni más ni menos”, exigió.
Luego de darse a conocer que la FGR solicitó la audiencia de imputación contra Robles, su defensa, encabezada por el abogado Julio Hernández Barros, presentó un amparo contra una orden de aprehensión o comparecencia.
Sin embargo, ayer el juez Décimo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México notificó que en los informes que las autoridades responsables rindieron afirmaron que no existe ninguna orden de aprehensión o comparecencia contra Rosario Robles.
Por ello, los mandos señalados como responsables, jueces penales federales y la FGR, solicitaron el sobreseimiento del juicio, lo que, según acordó el juzgador, será analizado más adelante.
En el expediente, el juez le concedió una suspensión provisional y este martes realizará la audiencia incidental, en la que definirá si concede o no la suspensión definitiva.
Si Robles no acredita que existe una orden de captura o mandamiento para obligarla a comparecer ante autoridad judicial, es posible que el juez niegue la suspensión definitiva.
La exfuncionaria es señalada por la FGR por supuestos desvíos de recursos durante su gestión al frente de la Sedesol y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el caso conocido como la Estafa maestra.
En dicha investigación, la FGR señaló como víctima indirecta a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por lo que también solicitó que un representante de ese organismo comparezca en la audiencia del Reclusorio Sur el próximo jueves.
EL UNIVERSAL informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicitó el bloqueo de las cuentas de Robles y de su exoficial mayor en ambas dependencias, Emilio Zebadúa, quien ha sido señalado por la SFP por enriquecimiento ilícito, ya que hay irregularidades en su información patrimonial y bancaria.
Robles y Zebadúa son señalados por la entrega de recursos públicos a entes como la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, pese a que incumplió con los servicios para los que se le contrató en el año 2016.
Entre 2013 y 2014, Zebadúa fue el funcionario encargado de administrar los recursos públicos de la Sedesol, cuando se entregaron 2 mil 224 millones de pesos a universidades para supuestos servicios de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Según las investigaciones, dichos recursos tuvieron como destino cuentas de empresas fantasma.
Robles ha afirmado que desde 1995 tiene la misma casa y una cuenta personal, en la que acredita cómo ha obtenido sus ingresos, y que no posee más activos que los que ha reportado en sus declaraciones patrimoniales durante los últimos seis años.