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En una maratónica sesión en donde hubo gritos, empujones y controversias en la interpretación de la ley, el pleno de la Cámara de Diputados modificó la minuta que le envió el Senado con la que se le buscaba dar facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Secretaría de Hacienda para congelar cuentas y extinguir los recursos de usuarios cuando haya presunción de delitos de financiamiento al terrorismo o de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Primero, la minuta recibió críticas de ser excesiva e inconstitucional, porque antes de tener un proceso judicial abierto contra algún ciudadano, la Unidad de Inteligencia Financiera puede congelar las cuentas y decretar la extinción de los recursos de los ciudadanos sin una investigación o sentencia previa.
Pese a esto, el pleno de la Cámara Baja logró avalarla en lo general, y agregar un capítulo quinto en la Ley de Instituciones de Crédito que se llamará De la Garantía de Audiencia de las Personas Incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, que también servirá para que los usuarios a quienes les hayan sido congeladas, les sea notificada esta acción por escrito y puedan defenderse y comprobar sus ingresos antes de su extinción.
En la votación en lo general, los diputados de Morena, PT, PES y PVEM alcanzaron 308 votos a favor; PAN, PRI, PRD y MC obtuvieron 141 en contra, así como 10 abstenciones de distintos legisladores.
Pero al debatir las reservas de cada bancada, la diputada de Morena, Lidia García, consideró la reforma como excesiva y por eso pidió que la notificación de las cuentas congeladas se hiciera por escrito, porque la UIF no puede delegar a una institución financiera la función de avisarle a uno de sus clientes el proceso en su contra y debe mantener en todo momento el control del proceso administrativo.
También propuso eliminar la fracción III del artículo 116 Bis de esa ley en la que se le daba la posibilidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) promoviera la extinción de dominio de los recursos bloqueados sin la orden de un juez.
El cambio planteado por García Anaya fue avalado con 225 votos a favor del PAN, PRI, MC y PRD, y algunos de Morena, PT y PES; PT, PES, PVEM y Morena lograron 223 votos y dos abstenciones.
Sin embargo, debido a que algunos diputados no estaban en el salón de plenos durante la votación, no alcanzaron a sufragar y se cerró el tablero, lo que fue reclamado por el coordinador de Morena, Mario Delgado, quien corrió hasta la Mesa Directiva para hacer valer su enojo a la presidenta Laura Rojas.
Eso generó un conato de pelea entre diputados del PAN y Morena. Hubo empujones, gritos e insultos, y Rojas Hernández decretó un receso porque los ánimos se encendieron, pero no pasó a mayores.
La modificación fue cantada por Rojas Hernández, quien pidió que se insertara al dictamen y esto fue celebrado por la oposición como una victoria; sin embargo, vino un segundo debate sobre qué seguía al modificar este artículo en lo particular, pues se solicitó votar esta reserva por separado.
La oposición consideró que si se avalaba esta modificación tendría que regresarse al Senado, pero ya sin la posibilidad de extinguir las cuentas de los usuarios y si se rechazaba no había materia que regresar a la Cámara Alta y seguía la ley vigente, pero Morena y sus aliados esgrimían que si se rechazaba ese cambio, se regresaba a la redacción original que envió el Senado y se tendría que pasar al Ejecutivo.
Al no llegar a un acuerdo se volvió a decretar receso y después de las 21:00 horas se informó que se reanudaría la sesión hoy a las 10:00 horas, debido a la falta de acuerdos, con lo que el proyecto quedó en un impasse, pues no fue avalado.
Hoy, el congelamiento de cuentas es facultad del Poder Judicial a solicitud del Ministerio Público y con esta reforma se buscaba facultar a la UIF y a la SHCP para congelar cuentas y extinguir recursos.
Una vez que sean notificados los ciudadanos del congelamiento de sus cuentas podrán defenderse y presentar pruebas en un plazo de 10 días hábiles y después se decretará la extinción de los recursos.
“La importancia de la minuta es generar un procedimiento para que la autoridad respete a plenitud los derechos procesales, comenzando por la garantía de audiencia de quienes sean incluidos en la lista de personas bloqueadas, en el ejercicio de las funciones de combate a los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita y los actos asociados con los delitos señalados.
La colegisladora propone que quienes sean incluidos en la lista de personas bloqueadas podrán hacer valer su derecho de audiencia y demás prerrogativas procesales ante el titular de la UIF”, dijo la presidenta de la Comisión de Hacienda, Patricia Terrazas.
