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A pesar del fallo de la Suprema Corte de Justicia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó la reserva de toda la información relacionada al software espía Pegasus.
Entre los datos reservados hay reportes de operaciones que presentan las entidades financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables y diagnósticos, así como del sistema de pagos electrónicos interbancarios relacionados con la contratación del programa Pegasus.
En respuesta a una solicitud de información realizada por EL UNIVERSAL, la UIF detalla que a la documentación se le otorga un tratamiento especial con la finalidad de evitar un perjuicio que suponga la comisión de actos u omisiones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
El 6 de febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la UIF debía entregar la versión pública de la información que posee acerca de Pegasus.
En esa ocasión, el Máximo Tribunal resolvió dos recursos de revisión en materia de seguridad nacional, que fueron promovidos por la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, que tenía como fin impugnar una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) que ordenaba a Hacienda la entrega de estos documentos.
En la respuesta a este diario, la UIF remarca que a la fecha no ha recibido la notificación de esta resolución emitida por la Corte y que la reserva se encuentra vigente.
La Unidad de Inteligencia precisa que la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.
De lo contrario, el régimen de prevención de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo se vería vulnerado.
“Porque se daría información privilegiada a personas que no participan en el régimen de prevención de los delitos (…) aunado a que se pondría a disposición de probables delincuentes los datos y todo tipo de información recibida en la UIF”, subraya.
El organismo dependiente de la SHCP enfatiza que la clasificación de carácter reservado culminará el 3 de agosto de 2026, de conformidad con el pronunciamiento emitido por la Unidad Administrativa, mediante oficio D.E. UIF-206/2021, de fecha 3 de agosto de 2021, el cual puede prorrogarse por un plazo igual atendiendo a las circunstancias del caso.
Abunda que este plazo se considera adecuado para no entorpecer las actividades de prevención que realizan las autoridades.
La comisionada del Inai, Norma Julieta del Río, refirió que en febrero la Suprema Corte resolvió confirmar las resoluciones del instituto, pero que la Unidad de Inteligencia Financiera todavía no ha sido notificada de esta determinación.
“Nosotros debemos estar pendientes de que le notifiquen la sentencia de la Suprema Corte de estos recursos, a través de la dirección General de Cumplimientos… entonces, es cuando entramos a exigir que se efectúen las resoluciones del pleno”, subraya.
La comisionada expresa que, una vez enterada la UIF, tienen la facultad, a través de la Dirección General, de exigir que se cumplan esas resoluciones del pleno del Inai, que fueron dos, por lo que deberá entregar la información en un lapso máximo de 10 días hábiles.
De acuerdo con el instituto, desde 2003 se tiene registro de asuntos que incluyen a Pegasus. Los 10 sujetos obligados con más resoluciones interpuestas son: el Consejo de la Judicatura Federal, (CJF) con 64 casos; la entonces Procuraduría General de la República (PGR), con 45, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con 38; la Secretaría de Gobernación (Segob), con 34; la Secretaría de Hacienda (SHCP), con 29; la Fiscalía General de la República (FGR), con 28; la Oficina de la Presidencia de la República, con 26; la Secretaría de Marina (Semar), con 20, y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, con 18.
Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, considera que la UIF puede argumentar que no ha sido notificada, por lo que entonces no ha cambiado la situación jurídica.
“En el contexto de un asunto tan delicado como éste y por razones de interés público, tal vez la UIF debería revisar el criterio con el que clasificó como reservado este asunto, porque ya son continuas y repetidas las ocasiones en las que el tema de Pegasus ha generado controversias, desde la administración de Enrique Peña Nieto.
“Tenemos un asunto que se ha venido agravando; entonces, es importante que a la luz de estos eventos la UIF reconsidere su posición de clasificar como reservado o no este asunto”, explica el experto.
En marzo de 2023, en respuesta a una solicitud de información de El Gran Diario de México, la Sedena indicó que reservó los contratos que firmó con la empresa Comercializadora Antsua, S.A. de C.V., proveedora del programa de espionaje telefónico Pegasus al considerar el riesgo de dar a conocer información relacionada con asuntos de seguridad nacional.
“Es necesario conocer el tipo de tecnología utilizada para la seguridad estratégica del país, pues puede ser empleada para contrarrestar y vulnerar sistemas de seguridad operativa y de instalaciones militares, lo cual atenta contra la estabilidad y paz social del país”, puntualizó.
