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El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, intensificó su presión sobre el crimen organizado en México al imponer severas sanciones e iniciar investigaciones contra decenas de empresas mexicanas con presuntos vínculos con el narcotráfico, el robo de combustible (huachicol) y otras actividades ilícitas.
Sólo en lo que va de 2025 el gobierno de Donald Trump ha sujeto a investigaciones judiciales a por lo menos 45 empresas nacionales, y ha reportado la captura de cerca de 700 personas ligadas al crimen organizado, y el Cártel de Sinaloa resulta ser el más golpeado hasta la fecha, seguido del Cártel Jalisco Nueva Generación (CGNJ), además del Cártel del Golfo en tercera posición.
En total van 27 empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa y 657 personas detenidas en operativos contra esta organización criminal. Estados Unidos ha sancionado a 20 empresas relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación y ha detenido a tres personas. Sancionó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa y los vinculó con los Beltrán Leyva, y con el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo.
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Las pesquisas se endurecieron a partir del 20 de febrero de este año, cuando el gobierno de Donald Trump designó como terroristas a seis cárteles mexicanos de la droga, los cuales son: Cártel de Sinaloa, CJNG, Cárteles Unidos, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana.
Pocos meses después, el 1 de mayo de este año, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a César Morfín, Álvaro Morfín, Remigio Morfín y a las compañías Servicios Logísticos Ambientales y Grupo Jala Logística, por sus supuestos vínculos con una red de narcotráfico y robo de combustible operada por el CJNG.
Al respecto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que el robo de combustible y el contrabando de petróleo crudo ha sido una “lucrativa fuente de ingresos para el CJNG”, lo que le ha permitido contar con recursos para operar en México y Estados Unidos.
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Como resultado de las sanciones, todos los bienes de los involucrados que se encontraban en Estados Unidos o bajo el control de estadounidenses fueron bloqueados.
El 9 de junio pasado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a Los Chapitos por los delitos de tráfico y producción ilícita de fentanilo. Tras la sentencia, se designó como “líderes fugitivos” de Los Chapitos, a Archivaldo Iván Guzmán Salazar y a Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos del exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán Loera. A través de su programa de recompensas por narcóticos, el Departamento de Estado ofreció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por cada uno de ellos.
Las investigaciones del gobierno de Trump también han involucrado a bancos ligados al lavado de dinero para grupos criminales.
El pasado 25 de junio, el Departamento del Tesoro identificó a tres instituciones financieras mexicanas como entidades de “principal preocupación por lavado de dinero”. Las instituciones señaladas son CIBanco S.A., Intercam Banco S.A. y Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., que son investigadas por su presunta implicación en el blanqueo de capitales del narcotráfico.
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En tanto se aclaran las indagatorias, el gobierno estadounidense prohibió las transferencias de fondos que involucren a estas entidades mexicanas.
El pasado 13 agosto, el Departamento del Tesoro también impuso sanciones a cuatro personas y 13 empresas mexicanas relacionadas con el fraude de tiempo compartido y el robo de combustible, ambos ilícitos liderados por el Cártel Jalisco Nueva Generación.
De acuerdo con las indagatorias, el grupo criminal publicaba en internet ofertas de ensueño para la compra de residencias en modalidad de tiempo compartido, las cuales resultaban fraudulentas.
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La OFAC sancionó a los empresarios Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela, Francisco Javier Gudino Haro y Michael Ibarra Díaz Jr., y a 13 compañías: Akali Realtors, Centro Mediador de la Costa, Corporativo Integral de la Costa, Corporativo Costa Norte, Sunmex Travel, TTR Go, Inmobiliaria Integral del Puerto, KVY Bucerias, Servicios Inmobiliarios Ibadi, Fishing Are Us, Santamaria Cruise, Laminado Profesional Automotriz Elte y Consultorías Profesionales Almida.
El pasado 8 de septiembre, la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos informó el resultado de una operación internacional que concluyó con la detención de 617 personas, todas ligadas al Cártel de Sinaloa.
Unos días después, el pasado 18 de septiembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, una vez más a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, señaló a la diputada y exalcaldesa de Rosarito, Baja California, la morenista Hilda Araceli Brown Figueredo, de mantener vínculos con el grupo delictivo Los Mayos, una facción del Cártel de Sinaloa.
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En un comunicado, el gobierno estadounidense acusó a la legisladora federal de presuntamente proteger a operadores del grupo delictivo, “garantizándoles protección institucional para traficar drogas, secuestrar, extorsionar y lavar dinero”.
La OFAC denunció la existencia de una presunta red de 15 empresas y cuatro operadores de Los Mayos en ciudades de Baja California como Tijuana, Rosarito y Mexicali.
Entre las personas morales sancionadas destacan: Akali Realtors, Centro Mediador de la Costa, Corporativo Integral de la Costa, Corporativo Costa Norte, Sunmex Travel, TTR Go, Inmobiliaria Integral del Puerto, KVY Bucerias, Servicios Inmobiliarios Ibadi, Fishing Are Us, Santamaria Cruise, Laminado Profesional Automotriz Elte y Consultorias Profesionales Almida.
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El pasado 24 de septiembre, el Departamento de Justicia estadounidense anunció acusaciones contra 26 presuntos miembros de alto rango del Cártel de Sinaloa por narcoterrorismo, entre los que destacan Próspero Coronel-Sánchez, alias Pro, así como José Luis Angulo-Soto, alias Mi Niño.
La acción más reciente de la procuraduría general del país vecino ocurrió este 6 de octubre, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro sancionó a ocho mexicanos y 12 empresas con sede en México, que presuntamente también estaban afiliadas a la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
Los ocho individuos sancionados son los hermanos Víctor Andrés Favela López (Víctor Andrés, quien fuera beisbolista y gerente deportivo del equpo Saraperos de Saltillo), Francisco Favela López, Jorge Luis Favela López (Jorge Luis) y María Gabriela Favela López (María Gabriela), así como el esposo de ésta, Jairo Verdugo Araujo (Jairo), y Gilberto Gallardo García (Gilberto), quien está casado con otra hermana de los Favela López. La familia es dueña de la empresa Sumilab, que también fue sancionada.
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También resultó sancionado César Elías López Araujo (César Elías), señalado como testaferro de Víctor Andrés Favela, y Martha Emilia Conde Uraga (Conde Uraga), señalada por el Tesoro de Estados Unidos de ser “intermediaria química afiliada desde hace mucho tiempo al Cártel de Sinaloa que opera desde varios almacenes en Culiacán y sus alrededores.
“Más de 500 mil estadounidenses han muerto por intoxicación con fentanilo”, afirmó el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro, John K. Hurley, en el comunicado sobre las sanciones. Reiteró que el presidente estadounidense, Donald Trump, “ha dejado claro que detener el flujo mortal de drogas hacia nuestro país es una prioridad máxima de seguridad nacional”.
Sobre las empresas sancionadas, se detalla que Sumilab fue designada “por su participación en el suministro y envío de precursores químicos para y a miembros y asociados del Cártel de Sinaloa”. Ya había sido sancionada por las autoridades estadounidenses en mayo de 2023.
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Otras empresas de la familia Favela López designadas son: Agrolaren, S.P.R. de R.L. de C.V. (Agrolaren), Distribuidora de Productores y Servicios Viand, S.A. de C.V. (Viand), Favelab, S.A. de C.V. (Favelab), Favela Pro, S.A. de C.V. (d.b.a. Fagalab), Qui Lab, S.A. de C.V. (Qui Lab) y Storelab, S.A. de C.V. (Storelab).
El comunicado incluye entre las sancionadas a empresas de Conde Uraga: Comercial Viosma del Noroeste, S.A. de C.V. (Viosma) y Prolimph Químicos en General, S.A. de C.V. (Prolimph); una empresa de salud, Proveedora de Servicios de Salud Mental del Pacífico, S.A. de C.V. (Salud), y una empresa inmobiliaria, Roco del Pacífico Inmobiliaria, S.A. de C.V. (Roco).
Como resultado de las sanciones del Departamento del Tesoro: “Todos los bienes y derechos sobre bienes de las personas designadas o bloqueadas que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser notificados a la OFAC.
“También quedan bloqueadas todas las entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, individual o conjuntamente, en 50% o más, de una o varias personas bloqueadas. A menos que estén autorizadas por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o estén exentas, las regulaciones de la OFAC prohíben generalmente todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro de Estados Unidos [o en tránsito] que impliquen cualquier propiedad o interés en propiedades de personas bloqueadas”, se agregó.
