Miami.— El presidente estadounidense Donald Trump ha convertido sus mensajes en redes sociales en un nuevo negocio. Desde el 1 de agosto, vende a bancos, fondos y operadores financieros las publicaciones del mandatario, para que las reciban antes que los usuarios comunes.

El servicio se llama y funciona como una interfaz de programación de aplicaciones (API): envía los mensajes en un formato que las computadoras pueden interpretar y convertir automáticamente en órdenes de compra o venta en milésimas de un segundo.

El negocio ha abierto una discusión sobre la posibilidad de que el mandatario esté incurriendo en conflicto de intereses, corrupción e información privilegiada porque Trump produce desde la presidencia los mensajes capaces de mover los mercados y su propia empresa cobra, hasta 100 mil dólares mensuales, por entregar primero esa información.

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El usuario ordinario depende de una notificación en el teléfono, de la actualización de su pantalla, para recibir el mensaje. El cliente de pago recibe una corriente de datos preparada para operar en milisegundos. Esa diferencia, dice a EL UNIVERSAL la economista María Díaz, “parece mínima en un reloj común, pero en una negociación de alta frecuencia, donde las computadoras ejecutan miles de órdenes en fracciones de segundo, puede decidir quién compra antes de que suba un precio y quién vende antes de que se desplome”.

Kevin McGurn, director ejecutivo interino de Trump Media, declaró que “los mercados ya se mueven con las publicaciones de Truth Social”; en la misma comunicación afirmó que el servicio permitirá “monetizar activos propios” mediante ingresos recurrentes y de alto margen.

Mientras que bajo otras circunstancias vender posteos que pueden beneficiar a negocios puede considerarse un delito, sobre todo cuando se hace desde una posición de poder, Trump parece que se ha salido con la suya en esta nueva empresa. ¿La razón? Aprovecha el vacío legal que hay en la Ley de Registros Presidenciales, que regula propiedad y conservación, y que actualmente carece de una prohibición específica contra el cobro por envío de información privilegiada a través de una vía técnica más rápida.

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Robert Frenchman, abogado especializado en delitos financieros y socio del despacho Dynamis en Nueva York, dijo a este diario que si bien “no parece justo” lo que hace Trump, “una plataforma tecnológica puede distribuir información en ciertos niveles sin violar las leyes federales de valores”.

Explicó que las plataformas pueden ofrecer acceso más rápido a determinados clientes, aunque esa diferencia coloque en desventaja al resto de los participantes del mercado. La ley estadounidense carece de un principio general que obligue a entregar simultáneamente toda información pública a cada inversionista. Agencias de noticias, bolsas, redes sociales y proveedores financieros venden desde hace años conexiones más rápidas.

La Comisión de Bolsa y Valores de EU (SEC) ha explicado en su guía sobre divulgaciones electrónicas que la información debe circular por un canal reconocido, quedar disponible para el mercado general y conceder un tiempo razonable para que los inversionistas reaccionen. Esa guía fue creada para sitios de empresas y su aplicación a mensajes presidenciales requeriría una resolución de la autoridad o de los tribunales; este criterio impide reducir el asunto al instante en que el texto entra en un servidor. Los investigadores necesitarían los horarios exactos de creación, envío a la interfaz pagada, aparición en el sitio abierto, llegada de las notificaciones ordinarias y ejecución de las operaciones; Trump Media no ha publicado esos registros.

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Shannon Devine, portavoz de la compañía, declaró que “Truth API ofrece a los clientes la vía más rápida para incorporar datos públicamente disponibles de Truth Social”; también acusó a los críticos de inventar una teoría de tráfico de información privilegiada basada en información pública. Las bolsas, agencias de noticias, redes sociales y proveedores especializados venden desde hace años conexiones de baja latencia, archivos y datos preparados para máquinas. “El meollo es la velocidad desigual en que llega la información y que carece de una prohibición federal general”, subraya Díaz.

Renée Jones, profesora de Derecho de Boston College y exalta funcionaria de la SEC, asegura que “si las publicaciones del presidente se monetizan y algunas personas obtienen acceso especial, esa información ha sido apropiada indebidamente”.

La Ley para Detener el Comercio con Conocimiento del Congreso, conocida como STOCK Act, incluye expresamente al presidente. La Oficina de Ética Gubernamental sostiene que esa norma le prohíbe utilizar información reservada para obtener un beneficio privado, permitir su uso indebido mediante una divulgación no autorizada y realizar operaciones con información privilegiada. La aplicación exige probar hechos concretos: que el mensaje contenía información relevante todavía reservada, que existió una violación de confianza, que produjo un beneficio y que el receptor conocía esa situación.

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La sección 208 del título 18 del Código de EU impide que numerosos funcionarios participen personalmente en asuntos gubernamentales que afectan sus intereses financieros, pero el presidente y el vicepresidente están excluidos de esa prohibición. Presidentes anteriores vendieron acciones individuales, separaron negocios o utilizaron fideicomisos ciegos para evitar decisiones capaces de beneficiar su patrimonio. El fideicomiso de Trump es revocable, lo mantiene como único beneficiario y coloca a su hijo como administrador. La ley deja al presidente fuera de una de las principales normas penales sobre conflictos económicos y obliga a que cualquier caso dependa de otras disposiciones, de la naturaleza de la información y de la prueba de una conducta específica, de acuerdo con este Código federal.

Trump Media registró ingresos totales por 3 millones 682 mil 600 dólares durante todo 2025 y una pérdida neta de 712 millones 340 mil dólares, afectada en gran medida por pérdidas contables y financieras. Cinco suscripciones de 60 mil dólares al mes producirían 3.6 millones de dólares anuales; cinco tarifas de 100 mil producirían 6 millones. El nuevo servicio podría igualar o superar con pocos clientes todos los ingresos obtenidos por la compañía el año anterior. Esa comparación no equivale a una utilidad neta ni a dinero entregado directamente a Trump; “explica el valor comercial de convertir sus publicaciones en una fuente estable de ingresos”, dice Díaz. Las acciones subieron 7% desde la víspera del anuncio y añadieron cerca de 77 millones de dólares al valor en papel de la participación presidencial.

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