Se extenderá el caos tras orden de EU

Miami.— Luego de que el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que establece que Estados Unidos podrá imponer aranceles a los bienes procedentes de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba, analistas dicen que la crisis en la isla en el Caribe se extenderá.

Para Miguel Alejandro Hayes, una caída de 30% de la disponibilidad de combustible implicaría una caída de 27% del Producto Interno Bruto (PIB), un repunte de 60% en los precios de los alimentos y de 75% en los del transporte y una caída de 30% del consumo de los hogares, informó a la agencia EFE.

El aparato estadístico cubano, mediante la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), informó que el territorio cerró 2025 con una inflación interanual de 14.07% en el mercado formal, después de 24.88% en 2024, según datos recogidos en diversos medios. La crisis energética es la cara visible del problema. “Tenemos meses de cortes con promedios cercanos a 20 horas diarias, apagones nacionales y un hastío social que no para de crecer”, dice Iladys Esparza, desde la isla, a EL UNIVERSAL. “La falta de combustible golpea nuestra vida que tratamos de llevar medianamente normal, movernos de un lugar a otro es muy difícil; esta crisis de apagones no ayuda con el transporte público y luego salen otros clandestinos, se encarece todo, hay desabastecimiento”, dice Iladys.

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Mientras, la operación contra Venezuela y el cierre del grifo petrolero hacia Cuba “es una extensión de la misma lógica para ir contra la dictadura cubana”, dice a este medio el analista Alejandro Castellano.

Tras la captura de Nicolás Maduro, “lo importante para el mundo que apoya el anti-castrismo fue el resultado práctico; el proveedor principal hasta ese momento, que sostenía una parte crítica del combustible de la isla quedaba fuera de juego y el suministro que pudiera seguir existiendo, se convirtió en un objetivo directo de la política de Washington”, añade Castellano.

La política hacia Cuba aparece descrita desde febrero de 2025 en documentos de agencias federales y en normas para reducir las fuentes de divisas del Estado cubano, elevar el costo de su aparato de seguridad y sostener programas de apoyo a actores civiles y de derechos humanos. El tono quedó fijado desde el Departamento de Estado.

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Esa estrategia se convirtió en instrucciones operativas con el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional número 5, cuya implementación se reflejó en el Registro Federal de Estados Unidos. “Ahí se ordenan y explican restricciones sobre transacciones y actividades que, en la práctica, buscan aislar financieramente a entidades vinculadas al poder estatal y militar en la isla” dice a este medio una fuente del Departamento de Justicia de EU.

Mientras, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, contó tras un arresto que sufrió el 1 de enero que “ya toqué un calabozo”. “Es importante que la gente fuera de Cuba entienda por qué, incluso en un escenario de escasez extrema, el aparato coercitivo de Cuba sigue siendo un operador contra la libertad y los derechos humanos”, dice Castellano.

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