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Un juez español retiró ayer las órdenes europeas de captura contra Carles Puigdemont y los otros cuatro ex miembros del gobierno catalán fugados a Bélgica tras declarar la independencia de Cataluña.
La decisión judicial implica que seguirán vigentes sólo las órdenes de arresto en España, por lo que los cinco políticos serán detenidos si regresan a territorio nacional.
“Puigdemont no abandonará Bélgica después de la retirada del mandato de arresto europeo”, declaró ayer Paul Bekaert, el abogado belga especializado en extradiciones que contrató el ex presidente catalán para evitar ser trasladado a España y juzgado por cuatro delitos que podrían sumar más de 20 años de cárcel.
El objetivo del juez español del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, al retirar la orden europea es evitar que la justicia belga decida por qué delitos se juzgaría a Puigdemont y a los otros cuatro ex consejeros (Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsatí). España teme que el ex presidente no le sea entregado por los delitos de rebelión o sedición, los más graves y difíciles de probar, sino por cualquiera de los otros tres que se le imputan (malversación, desobediencia y prevaricación) con menores penas de cárcel. Como explicó ayer el abogado del ex presidente, “si hay extradición por uno de los cuatro delitos de los que se le acusa, la justicia española sólo lo puede juzgar por ese delito y no el resto”.
El juez español argumentó que las circunstancias han cambiado, puesto que los fugados a Bélgica han asegurado que su objetivo es volver a España, donde incluso se han presentado como candidatos a las elecciones catalanas del 21 de diciembre.
“Los investigados parecen haber mostrado su intención de retornar a España, con la finalidad de tomar posesión y ejercer unos cargos electivos”, explicó el magistrado.
Además, en España quedan ocho miembros del antiguo gobierno de Puigdemont que esperan ser juzgados por los mismos delitos y el juez argumenta que la autoría de los mismos es colectiva, puesto que todos participaron en la elaboración de la declaración de independencia catalana del 27 de octubre. Por eso, concluye el juez, sería un problema que la decisión de Bélgica obligase a juzgar por delitos distintos a los ocho detenidos en España y los cuatro que permanecen en Bélgica.
Después del anuncio del juez español, la Fiscalía belga se apresuró ayer a levantar las medidas cautelares contra los políticos catalanes, que se podrán mover ahora con total libertad por Europa.
Desde este momento, se abren dos posibilidades. Los políticos pueden regresar a España, ser detenidos y llevados ante el juez; o pueden permanecer en un destierro indefinido en Bélgica.
El efecto de esta decisión en la campaña electoral catalana, que comenzó ayer, puede ser importante. Puigdemont es el cabeza de lista del partido Junts per Catalunya.
Una de las bases de su discurso es que permanece en Bélgica para defenderse mejor allí, pero que su intención no es pedir el exilio sino regresar a Barcelona después de las elecciones. Tras esta decisión judicial, se espera que explique a sus electores si piensa asumir un cargo en Cataluña o si se establecerá en Bélgica indefinidamente para evitar a la justicia.
