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Muchas de las iniciativas sobre inmigración lanzadas por el gobierno de Donald Trump en las últimas semanas apuntan a un tipo de inmigrante: los niños.
Las medidas están enfocadas en expulsar a los jóvenes que permanecen ilegalmente en Estados Unidos y evitar que otros ingresen al país. Algunas han acaparado titulares, como la decisión de septiembre de Trump de acabar con el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). El programa, implementado por el ex presidente Barack Obama en 2012, permitió que cerca de 800 mil jóvenes que llegaron ilegalmente a EU siendo niños pudieran vivir, trabajar y estudiar en el país sin miedo a la deportación.
Otras acciones han recibido menos atención: recientemente, el gobierno intensificó su escrutinio sobre menores extranjeros abusados y desprotegidos que postulan para permanecer en EU, busca restringir quién califica a un sistema de protección especial para niños que cruzan solos la frontera y está aumentando el control sobre adultos que pagaron a contrabandistas para traer a niños sin compañía al país.
La Casa Blanca busca poner fin a un programa que permite que niños centroamericanos pidan asilo en EU cuando aún viven afuera y explora formas de eliminar las protecciones legales que establecen por cuánto tiempo y bajo qué condiciones se puede mantener a los niños en centros de detención para inmigrantes.
Allanan vía a deportaciones. El Departamento de Estado de EU afirmó que más de 300 mil migrantes haitianos y de América Central ya no necesitan un estatus de protección especial, lo que abre las puertas a su eventual deportación, informó ayer The Washington Post, previo al anuncio de la decisión de si se renueva el estatus de protección temporal (TPS) a estos migrantes.
