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Miami.— En los últimos años, varios gobiernos han usado cambios legales en materia electoral, seguridad nacional y soberanía para ampliar su control sobre la competencia política. Bajo el argumento de proteger al país de la injerencia extranjera, algunas mayorías en el poder han aprobado normas que permiten investigar, inhabilitar, perseguir o sacar del juego a opositores, partidos, periodistas y organizaciones civiles.
Nicaragua ha sido el caso más claro: en diciembre de 2020, el Congreso controlado por el sandinismo aprobó la ley número 1055, llamada Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.
La norma declara “traidores a la patria” a los nicaragüenses que “inciten a la injerencia extranjera”, pidan intervenciones militares, gestionen bloqueos económicos o “demanden, exalten y aplaudan” sanciones contra el Estado. La consecuencia es política y electoral: quienes caigan en esa categoría no pueden optar a cargos de elección popular. Se trata de abrir una puerta para convertir la crítica, la denuncia internacional o la presión diplomática en una causal de exclusión.
Human Rights Watch advirtió que el Congreso nicaragüense había aprobado una ley que podía usarse para etiquetar a los opositores de Daniel Ortega como “traidores” y dejarlos fuera de las elecciones nacionales de 2021. “Con esta ley en vigor, hay poca o ninguna esperanza de elecciones libres y justas en Nicaragua”, afirmó el entonces director de HRW, José Miguel Vivanco.
“Las elecciones en Nicaragua dejaron de ser una competencia entre proyectos y comenzaron a ser presentadas como una defensa del gobierno contra enemigos internos supuestamente conectados con fuerzas externas”, explica a EL UNIVERSAL el politólogo Pablo Salas.
Camboya muestra otra versión del mismo mecanismo. En 2017, el líder opositor Kem Sokha fue arrestado bajo acusaciones de traición y conspiración con EU. Después, la Corte Suprema disolvió el Partido de Rescate Nacional de Camboya, la principal fuerza opositora y prohibió la actividad política de 118 de sus miembros durante cinco años. No fue una anulación formal de una elección ya celebrada, pero el efecto democrático fue equivalente: el gobierno eliminó al principal competidor antes de la siguiente votación.
Brad Adams, entonces director para Asia de Human Rights Watch, dijo que “se trató de una toma descarada del poder que cancelaba los votos de millones de camboyanos y volvía sin sentido la elección nacional siguiente”. Luego añadió un comentario póstumo, “la democracia murió en Camboya hoy”. Amnistía Internacional también denunció la disolución del partido opositor como “un acto descarado de represión política” y acusó al Poder Judicial de funcionar como “brazo del Ejecutivo”.
En Hong Kong, la Ley de Seguridad Nacional impuesta en 2020 castiga la “colusión con un país extranjero o con elementos externos”. Su artículo 29 incluye conductas como pedir a actores externos la imposición de sanciones, realizar actividades hostiles o interferir en elecciones. Su artículo 35 establece que una persona condenada por delitos de seguridad nacional queda descalificada para competir por el Consejo Legislativo, los consejos de distrito, cargos públicos o el Comité Electoral.
La ley ha sido denunciada por crear un campo de riesgo para el activismo político, la denuncia internacional y el contacto con actores externos.
Sarah Cook, entonces directora de investigación para China, Hong Kong y Taiwán en Freedom House, escribió que en los primeros 100 días de la Ley de Seguridad Nacional se deterioraron de forma dramática “la oportunidad electoral, las libertades de expresión y reunión, así como el Estado de derecho”. Cinco años después, HRW describió el resultado a través de Maya Wang, su directora asociada para China: “En sólo cinco años, el gobierno chino ha extinguido la vitalidad política y civil de Hong Kong y la ha reemplazado por la uniformidad del patriotismo impuesto”. El objetivo, subrayó Wang, “es definir quién puede participar en la vida pública a partir de un criterio de lealtad política”.
A la lista se suma también Hungría. En 2023, el gobierno de Viktor Orbán impulsó la Ley de Protección de la Soberanía Nacional, que creó una Oficina de Protección de la Soberanía con facultades para investigar actividades supuestamente realizadas en interés de otros gobiernos, otras organizaciones y de personas extranjeras; así como actividades financiadas desde el exterior que pudieran influir en elecciones o en la voluntad de los votantes.
La Comisión Europea llevó a Hungría ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque consideró que esa ley viola el derecho europeo y afecta derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de asociación, la vida privada, la protección de datos y el derecho a un juicio justo. El Journal of Democracy lo describió como “un órgano con poderes de investigación ilimitados para producir informes sobre interferencia extranjera que no están sujetos a revisión judicial”. El propio título de uno de sus análisis es contundente: “La herramienta más nueva de Viktor Orbán para aplastar la disidencia”. En este caso, el peligro no está en una anulación electoral directa, sino en la creación de un aparato estatal que puede marcar como amenaza de soberanía a medios, organizaciones civiles y críticos internos.
“El caso de Hungría es una muestra de cómo una democracia deteriorada puede construir una maquinaria administrativa de sospecha permanente contra la oposición”, dice Salas.
El de Rumania es un caso distinto. En diciembre de 2024, la Corte Constitucional anuló la primera vuelta de la elección presidencial, en la que ganó el ultraderechista Calin Georgescu, después de reportes de inteligencia desclasificados sobre una presunta operación rusa de influencia digital, promoción coordinada en TikTok y Telegram, con financiamiento opaco y ataques híbridos. La Corte determinó que las elecciones debían repetirse.
La decisión desató protestas y dividió opiniones entre quienes consideraron que era una medida necesaria para garantizar elecciones justas y quienes denunciaron un “secuestro del proceso electoral”. Katie Kedian, profesora visitante en la Escuela de Derecho de George Washing- ton y autora en Lawfare, sostuvo que Rumania es una advertencia para otras democracias. Desde su punto de vista, anular elecciones puede dar a los adversarios “otra arma” para alimentar el miedo, el enojo y la desconfianza. “La respuesta democrática debe centrarse antes en educar a la ciudadanía, revelar operaciones encubiertas, fortalecer defensas públicas y separar con rigor la interferencia extranjera real de las voces nacionales auténticas”, escribió.
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La Comisión de Venecia del Consejo de Europa fijó el estándar que separa una defensa legítima de un abuso. En su informe urgente sobre la invalidación de elecciones por tribunales constitucionales sostuvo que una corte constitucional sólo puede invalidar elecciones “bajo ciertas circunstancias” y si se cumplen “múltiples condiciones y salvaguardas”. También subrayó que la anulación debe estar suficientemente explicada, con hechos claros que prueben irregularidades graves. Ese estándar impide convertir la nulidad electoral en un recurso ordinario del poder. Una elección sólo puede anularse por una afectación grave, probada, vinculada al resultado y resuelta por una autoridad independiente bajo reglas claras.
La otra lección que dejó el caso de Rumania es que, frente a la existencia real de campañas de desinformación, es cada vez más urgente que los países cuenten con un marco regulatorio más sólido y una mayor supervisión y transparencia en las plataformas de redes sociales. “No hay democracia real si el partido en el poder puede perder una elección y luego decir que la derrota fue producto de una opinión extranjera, una crítica internacional o una denuncia incómoda”, sin dar más explicaciones o pruebas, sin que haya órganos autónomos que validen la existencia de tal injerencia y que su papel fue clave en la definición de un ganador, concluye Salas.
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cdm
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