San José.- El gobierno de Honduras militarizó este martes el sistema carcelario del país, golpeado por una mortal crisis por las disputas entre redes del crimen organizado que se sumaron al hacinamiento, la sobrepoblación y la corrupción penitenciaria en una guerra con 20 asesinatos que en 2019 ya quintuplicó a los de 2018.
Con datos oficiales de 105 homicidios de 2013 a 2019 en varias masacres en prisiones, el gobierno desplegó a las Fuerzas Armadas de Honduras y a otros cuerpos de seguridad en una intervención de emergencia al aparato penitenciario que se prolongará por al menos seis meses, según un decreto gubernamental publicado ayer en el diario oficial LA GACETA.
Una comisión interventora integrada por la Fuerza de Seguridad Institucional Nacional, a la que pertenecen, entre otras, las secretarías de Defensa y Seguridad, asumió “todas las competencias legales” en las prisiones y suspendió en sus tareas a las autoridades carcelarias, precisó el decreto.
“Llegamos a la conclusión que es necesaria la intervención para estabilizar y evitar que sigan las acciones de violencia y muerte”, dijo el secretario hondureño de la Presidencia, Ebal Díaz. “Buscamos lograr la construcción de un nuevo sistema de gestión de las cárceles y recintos de menores. Hay que revisar todo lo que tiene que ver con el proceso de manejo de los internos, porque ha existido mucho relajamiento”, admitió.
La crisis fue atizada por un caso que este año golpeó a la clase política hondureña por las reiteradas denuncias sobre los presuntos nexos del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y de su hermano, Juan Antonio, con el cártel de Sinaloa , una de las más poderosos organizaciones mexicanas del narcotráfico en México, Estados Unidos y Europa, para financiar campañas electorales.
El presidente rechazó tener lazos con el narcotráfico, mientras que su hermano, detenido en octubre de 2018 en Florida y encontrado culpable de narcoactividad en octubre de este año en un juicio en Nueva York, espera sentencia condenatoria en EU.
Las frecuentes, mortales y sangrientas disputas entre reclusos del crimen organizado, maras o pandillas juveniles y delincuentes comunes dificultaron la seguridad penitenciaria en los últimos años.
Sin embargo, el conflicto se agravó desde finales de octubre de este año con el asesinato a balazos y a puñaladas en El Pozo, una prisión del occidente de Honduras, del encarcelado narcotraficante hondureño Nery Orlando López Sanabria, alias Magdaleno Meza, socio del hermano del presidente y testigo clave en el juicio.
El hondureño Pedro Idelfonso Armas, suspendido como director de El Pozo por el homicidio de López, que ocurrió en su presencia en un ataque de una pandilla, fue asesinado a balazos en su vehículo el pasado 13 de diciembre en una carretera del sur de Honduras.
La incesante violencia en las prisiones desató un amotinamiento el sábado anterior en La Tolva, una cárcel del suroriente, que se saldó con cinco asesinatos y precipitó la decisión de ejecutar la intervención. Los enfrentamientos mortales también se registraron en centros carcelarios de menores de edad.
Con datos del gobierno hondureño al 20 de septiembre de 2018, un informe del (no estatal) Instituto para la Investigación de Políticas de Crimen y Justicia, de Londres, reveló que Honduras contabilizó 20 mil 506 privados de libertad, con 229 por cada 100 mil habitantes en 27 instituciones con una capacidad para albergar a 10 mil 600 reclusos y un nivel real de sobreocupación del 193,58%.
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