Derechos humanos, factura pendiente en América Latina: Amnistía Internacional

Violaciones a los derechos humanos de los migrantes irregulares centroamericanos en México , torturas en Brasil, represión y criminalización a los opositores en Venezuela, agresión contra las protestas antigubernamentales en Honduras o asesinatos de dirigentes sociales en Colombia: el respeto a las garantías individuales y sociales sigue siendo una factura pendiente de pago en América Latina y el Caribe.

Sin importar la ideología de los gobiernos, hay irrespeto a los derechos humanos con discriminación de indígenas y afrodescendientes en México, Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Paraguay, Perú, Ecuador y Guatemala, represión a opositores en Nicaragua y asesinatos de ambientalistas o activistas en el hemisferio.

“En las Américas enfrentamos enormes desafíos en derechos humanos”, advirtió la mexicana Érika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), organización global independiente de defensa de los derechos humanos.

“Tristemente seguimos viendo cómo se sigue deteriorando la posibilidad de la población de vivir en dignidad”, recalcó, al describir a EL UNIVERSAL un “grave contexto de retrocesos”.

“La mayoría de Estados ven en los derechos humanos no una oportunidad de cambio, sino un enemigo. Dan pie y espacio a líderes que llegan al poder con una agenda clara y abiertamente anti derechos, en países (con presidentes) como Brasil con (Jair) Bolsonaro, en Estados Unidos con (Donald) Trump, en Venezuela con (Nicolás) Maduro, en Nicaragua con (Daniel) Ortega, en Honduras con Juan Orlando (Hernández)”, alegó.

La situación será debatida, a partir de hoy y hasta el próximo 2 de octubre en Washington, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La CIDH será informada el viernes próximo de presuntas violaciones a los derechos humanos del Estado mexicano contra migrantes irregulares centroamericanos urgidos de protección internacional por “prácticas de detención, criminalización y militarización de fronteras”, anunció el (no estatal) Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

El gobierno de México, que aseguró este año respetar los derechos de los migrantes, endureció el control fronterizo a partir de junio anterior por presión de Washington, para impedir el paso de migrantes centroamericanos a Estados Unidos.

CEJIL, institución americana que, con otros grupos no estatales, acudirá a las audiencias en la CIDH, clamó por “visibilizar aún más la crisis humanitaria” en Venezuela.

Maduro criminalizó y hostigó a opositores y reprimió “miles de manifestaciones” al amparo de una doctrina de Seguridad Nacional por “la supuesta amenaza de enemigos internos que buscan desestabilizar el país”, acusó. El presidente de Venezuela rechaza los cargos.

Entre tanto, Hernández recurrió al ejército de Honduras para “controlar y desarticular” las protestas que estallaron en su contra en marzo de 2019, con muertos, heridos y detenciones arbitrarias, reportó CEJIL . Hernández dice apegarse a la ley.

Al conflicto se añadieron unos 480 asesinatos de dirigentes sociales en Colombia de enero de 2016 a mayo de 2019, con el proceso de pacificación colombiano en desarrollo desde diciembre de 2016.

La CIDH pedirá a Brasil, que con más de 726 mil presos a 2016 tiene la tercera mayor población penitenciaria del mundo, combatir la tortura, ya que la Comisión comprobó, en una visita hace 10 meses a ese país, la condición degradante e insalubre de las prisiones brasileñas.

lsm