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San José
“¡Pena de muerte!”, imploran. “¡Castración química!”, exigen. “¡Cadena perpetua!”, demandan. “¡Endurecimiento de las condenas!”, proponen. El menú para castigar a los culpables de las más variadas agresiones sexuales a niñas, adolescentes, jóvenes y adultas en América Latina y el Caribe está repleto de todo tipo de peticiones.
Un enardecido coro surge con frecuencia en la zona como oleada temporal provocada por una sacudida social interna y externa por algún dramático caso con una de las modalidades de ataque a ese sector, con o sin saldo mortal, pero la tempestad pasa y, sin ninguna modificación legal profunda, lo único que crece sin cesar es la cifra de víctimas.
El debate emergió luego de que en Colombia se confirmó que dos niñas indígenas fueron violadas por militares —una en septiembre de 2019 y otra en junio de 2020— y que 118 soldados de ese país son indagados por supuestos abusos sexuales cometidos desde 2016. En otra situación, una menor de cuatro años murió el pasado 4 de julio tras ser violada por un hombre.
Sin control
La periodista y activista colombiana Jineth Bedoya, fundadora de No es Hora de Callar, grupo no estatal de ese país que combate la agresión contra las mujeres, advirtió: “Definitivamente, la solución a los feminicidios y la violencia sexual en todas sus manifestaciones no se acabará ni controlará aplicando la pena de muerte, la castración química o la cadena perpetua.
“[Con esas sentencias] lo que hacemos es ponerle paños de agua tibia a un enfermo terminal. La verdadera revolución frente a estos crímenes está en la educación”, explicó a EL UNIVERSAL.
Con las secuelas porque sufrió violación sexual, secuestro y tortura de paramilitares en 2000 en su nación, señaló: “Necesitamos cambiar el chip que hombres y mujeres tenemos en la cabeza frente al respeto y la tolerancia. Desde la primera infancia nos enseñan a ser dueño del otro, pero no de nosotros mismos.
“El mundo nos pone como carne en asador, expuestos al escrutinio público, la moda, las tendencias, el poder, lo correcto y lo importante; sin embargo, pasa por un lado la esencia de los seres humanos: el convivir con derechos y deberes. Esa es la enseñanza que debemos rescatar en escuelas y colegios (…) Mientras eso se materializa, la prisión es una forma de contener a quienes hacen daño”, precisó.
Escenario
Con más de 3 mil 800 feminicidios registrados por organismos regionales y nacionales durante 2019, la violencia contra el sexo femenino exhibe un deterioro.
Cifras forenses estatales de Colombia revelaron que 5 mil 422 mujeres de cero a 17 años sufrieron alguna brutalidad sexual de enero a mayo pasados, a 35.67 por día, y que hubo 22 mil 115 exámenes médico legales por presunto delito sexual contra ese sector, en 2019, y 22 mil 304, en 2018, con promedios superiores a 60 por jornada.
Datos oficiales contabilizaron 23 mil 605 hechos de violencia sexual contra ellas, de 2010 a 2018, en Honduras. Guatemala sumó unos 107 mil abusos a niñas, de 2010 a 2019, con 6 mil 28 a menores y adultas, de enero al 5 de julio de este año, en una media de 186 cada 24 horas, según registros judiciales.
Un informe de junio pasado de Amnistía Internacional (AI), organización mundial no estatal de defensa de derechos humanos, precisó que miles de menores en Perú sufren acoso en las escuelas o agresiones sexualmente en sus hogares y que muchas mujeres enfrentan asedio en las calles, en sus trabajos, así como en servicios públicos.
Reportes gubernamentales aseguraron que el total de las violaciones en Chile subieron de 2 mil 112, en 2010, a 2 mil 240, en 2019. De acuerdo con estadísticas independientes, en República Dominicana hay más de 75 mil denuncias anuales de ataques domésticos e intrafamiliares.
“Las mujeres seguimos siendo tratadas como ciudadanas de segunda clase”, y en especial las marginadas por pobreza y raza, lamentó la mexicana Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI.
Tras acusar que la violencia de género es “uno de los peores flagelos” en el continente, dijo: “Ahora muchos claman por la pena de muerte. No es la solución: es cruel e inhumana, altamente defectuosa y podría llevar a muchas injusticias. De ninguna manera las mujeres están clamando por eso.
“Están demandando de los Estados una atención adecuada para que sus derechos humanos estén en el centro de la respuesta [en la materia] e incluyan acceso a servicios básicos de salud integral, sexual y reproductiva, así como educación y trabajo en igualdad”, puntualizó a este diario.
