Miami. Donald Trump está transformando la Casa Blanca a su gusto y a un costo que sigue aumentando. La demolición del Ala Este para construir un enorme salón de baile y la desaparición de un jardín histórico han abierto una disputa que acompañará a estas obras mucho después de que deje la presidencia. ¿Está remodelando la sede del gobierno estadounidense o destruyendo parte de su patrimonio?
Mientras su administración promete instalaciones más modernas y seguras, historiadores cuestionan lo que se ha perdido y legisladores exigen saber quién paga en lo económico y las consecuencias.
El 31 de julio de 2025, la Casa Blanca anunció un salón de baile con capacidad para 650 personas. El presupuesto era de 200 millones de dólares, que aportarían Trump y otros donantes. Para construirlo se eligió el lugar ocupado por el Ala Este, cuya historia se remontaba a 1902 y donde se construyó un segundo piso en 1942. El gobierno describió esa sección como pequeña y modificada repetidamente. Menos de tres meses después, las fotografías mostraban las oficinas y corredores reducidos a escombros.
En el Ala Este trabajaban las primeras damas y sus equipos, se preparaban actos oficiales y se desarrollaban iniciativas públicas. En una entrevista en octubre de 2025, Gregory Smoak, profesor de la Universidad de Utah con experiencia en conservación histórica, dijo que “me consterna la decisión de actuar tan rápidamente e ignorar los precedentes y la ley federal”.
Junto al Ala Este desapareció también el jardín denominado Jacqueline Kennedy, dedicado en 1965 por Lady Bird Johnson a su antecesora. Era un espacio distinto del Jardín de las Rosas, situado al otro lado de la residencia y acompañaba la entrada de quienes visitaban el conjunto presidencial. Los planos presentados contemplan otro jardín que se extendería junto al nuevo salón, con una gran escalinata, caminos de granito y un patio circular. Se prevé reutilizar una fuente y algunos árboles ornamentales.
Centro de poder, eclipsado
Carol Quillen, entonces presidenta del Fondo Nacional para la Preservación Histórica, solicitó detener la demolición el 21 de octubre de 2025. “Nos preocupa profundamente que el volumen y la altura de la nueva construcción propuesta eclipsen a la propia Casa Blanca”, advirtió en una carta dirigida a los organismos encargados de su planificación y conservación. La organización reconocía la utilidad de ampliar el espacio para reuniones y ofrecía estudiar alternativas; pedía que el proyecto pasara por una revisión pública antes de continuar.
Lo que estaba en juego era la relación entre la residencia central y sus alas laterales, un conjunto cuyas proporciones también forman parte de su identidad histórica, de acuerdo con la carta de Quillen.
Los trabajos continúan para la construcción del salón de baile de la Casa Blanca. La Corte Suprema permitió avanzar, sin profundizar en la legalidad de la obra. Foto: Pablo Martínez Monsiváis/ AP
El tamaño de la nueva construcción comenzó a condicionar otras decisiones. En enero, el arquitecto Shalom Baranes explicó que se estudiaba añadir un segundo nivel a la columnata occidental, el corredor cubierto que comunica la residencia con el Ala Oeste, para recuperar la simetría. No hay confirmación suficiente para presentar esa ampliación como terminada, pero su planteamiento revela que el alcance del proyecto puede extenderse a estructuras alejadas de la demolición original; el edificio previsto requiere reconsiderar las proporciones de lo que permanece en pie. “Para los responsables de conservar el conjunto, esa consecuencia les importa tanto como los materiales y las formas elegidas para el salón”, confirmó a EL UNIVERSAL el Fondo Nacional para la Preservación Histórica (NTHP).
Trump ya ha hecho otros cambios en la Casa Blanca: el Salón de las Palmeras recibió piso de mármol blanco y una gran lámpara de araña; sus puertas conducen al Jardín de las Rosas, cuyo césped fue sustituido por una superficie pavimentada y donde aparecieron mesas con sombrillas amarillas y blancas, adquiridas al proveedor utilizado en Mar-a-Lago. El lugar empezó a presentarse como el “Club del Jardín de las Rosas”.
“Es claro que los ambientes de la sede del gobierno se ajustan a la estética que Trump prefiere para sus negocios y recepciones”, subrayó el NTHP.
En la columnata occidental se instalaron retratos para el llamado Paseo de la Fama Presidencial; en lugar de Joe Biden apareció una fotografía de una máquina de firma automática, las placas incorporadas en diciembre de 2025 incluyeron descalificaciones contra Biden y Barack Obama. Un espacio dedicado a la historia presidencial quedó sometido a las valoraciones políticas del mandatario en funciones.
En el Jardín Sur, el nuevo helipuerto responde a un problema operativo que estaba identificado: los helicópteros presidenciales más recientes dañaban el césped de esa área. Trump anunció en julio una plataforma de granito cuyo costo situó entre cinco y seis millones de dólares y aseguró que Sikorsky, fabricante de las aeronaves y filial de Lockheed Martin, la financiaría. Al mostrarla a los periodistas el 19 de agosto, firmó una de sus losas y mencionó aportaciones adicionales. El 6 de septiembre anunció su terminación.
Los registros descritos por la prensa situaron alrededor de 13 millones de dólares el paquete que comprende el helipuerto, trabajos en el Pórtico Sur y parte del acceso vehicular. La cifra incluye más intervenciones que los cinco o seis millones anunciados para la plataforma. También se reportaron 875 mil dólares por acelerar los trabajos, sin claridad suficiente para establecer si estaban incorporados al total publicado. “En varias áreas de las distintas modificaciones de la casa Blanca hay una falta de desglose que impide saber cuánto terminó costando cada modificación”, expresó el NTHP.
La estimación del proyecto del Ala Este llegó a unos 600 millones de dólares, según documentos internos divulgados en junio. Es decir, el triple del presupuesto anunciado inicialmente y comprendía un proyecto ampliado, con instalaciones asociadas.
Dudas por recursos
Los registros reseñados señalan que más de la mitad del dinero procedería de recursos públicos, lo que puso en cuestión el alcance de la promesa de financiar la obra con donaciones.
Bajo el edificio se construye una instalación militar; el gobierno sostuvo ante los tribunales que las partes superior y subterránea forman un proyecto integrado y que el volumen del salón contribuye a proteger las instalaciones inferiores; la seguridad presidencial adquirió así un papel central en la defensa de la obra.
Sin embargo, al agregar el elemento de la seguridad, se complicó la posibilidad de revisar costos, porque determinadas características de la obra requieren una reserva de la información, mientras que el dinero comprometido sigue sujeto a una responsabilidad pública.
La Suprema Corte de Estados Unidos resolvió que la vinculación entre recepciones de dinero y la protección de información obliga a precisar qué necesidades justifican cada gasto y cómo fueron evaluadas antes de elegir la construcción que reemplazaría al Ala Este.
Los republicanos que apoyaron la demolición habían destacado la promesa de que los contribuyentes no pagarían, pero las solicitudes posteriores de financiamiento público provocaron objeciones incluso en el Partido Republicano. Susan Collins, senadora republicana por Maine, declaró el 28 de mayo que “el presidente ha dicho que el nuevo salón de baile será financiado de manera privada. Debería cumplir ese compromiso”.
Chuck Schumer, líder demócrata del Senado, vinculó el proyecto con las dificultades económicas de las familias. El 13 de mayo afirmó que “este enorme desperdicio de dinero de los contribuyentes no ayuda a los estadounidenses a pagar alimentos, gasolina, atención médica, vivienda o electricidad”.
Una encuesta para ABC News y The Washington Post publicada el 30 de abril registró un 56% de oposición al salón y un 28% de respaldo entre adultos estadounidenses. El apoyo republicano alcanzaba el 65%, pero descendía al 31% entre quienes no se identificaban con el movimiento de Trump.
Las donaciones de empresas tecnológicas y contratistas agregaron preguntas sobre sus relaciones con el gobierno. Claire Finkelstein, profesora de Derecho y directora del Centro de Ética y Estado de Derecho de la Universidad de Pennsylvania cuestionó la participación de una entidad benéfica en el financiamiento de un espacio restringido y los posibles usos futuros del salón.
Cuando los tribunales impusieron límites a la construcción, el Ala Este ya se había demolido; el 31 de agosto, la Corte Suprema permitió continuar los trabajos mientras avanzaba el procedimiento, sin resolver definitivamente su legalidad. John Roberts, presidente del Supremo, consideró que la obra era “probablemente ilegal”, a pesar de que la Corte permitió que continuara, y se sumó a la opinión de las tres magistradas liberales, que sostuvieron que una construcción así requería la autorización del Congreso.
Un gobierno posterior al de Trump podría revisar los contratos, reclamar por trabajos defectuosos e investigar pagos fraudulentos si encontrara pruebas; pero conseguir que Trump responda personalmente por daños exigiría superar la inmunidad que protege determinadas actuaciones presidenciales aun después del mandato. Así, el próximo presidente recibirá una Casa Blanca modificada y decisiones consumadas que ninguna revisión de cuentas podrá deshacer por completo.
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