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San José . – Los presos políticos en Nicaragua saben que las condenas a prisión impuestas en su contra en 2022 fueron dictadas desde un búnker del barrio El Carmen, de Managua, donde el régimen izquierdista nicaragüense adopta las principales decisiones del país, y no en los estrados de justicia de esa capital .
El búnker de El Carmen simboliza la falta de independencia judicial en Nicaragua, un conflicto que en 2022 se repitió con otras modalidades en Guatemala, El Salvador o Cuba, amenazó al resto de América Latina y el Caribe y atizó un debate en México en torno al próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia.
Blindado por un férreo anillo militar y policial, el búnker irradia temor. Es el hogar del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega , y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo , y donde el temible dúo dinástico ejerce su mando totalitario hacia el resto de Nicaragua y emite órdenes a los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral.
“En Nicaragua la separación de poderes ha sido destruida por la dictadura (Ortega—Murillo) y existe una pura apariencia que no engaña a nadie”, afirmó el abogado nicaragüense Álvaro Leiva , secretario general de la (no estatal) Asociación Nicaragüense Pro—Derechos Humanos (ANPDH) y en el exilio en Costa Rica.
El gobierno Ortega—Murillo “demolió” la separación de poderes con “énfasis” en el Poder Judicial, dijo Leiva a EL UNIVERSAL .
“La decadencia del Poder Judicial se hizo más generalizada y evidente” desde que multitudinarias protestas antigubernamentales estallaron en 2018 en Nicaragua para exigir democracia y la renuncia de Ortega y Murillo, recordó.
“El Poder Judicial rechazó proteger la integridad física y moral de cientos secuestrados por paramilitares o detenidos ilegalmente, sometidos a tortura y a desapariciones forzadas”, alegó. La pareja gobernante negó esas y otras denuncias, como que haya unos 220 presos políticos , y adujo que los detenidos son “hijos de perra”.
La controversia sobre la falta de independencia judicial ante gobiernos, parlamentos, fuerzas militares y policiales, partidos políticos, oligarquías, organizaciones criminales, iniciativa privada, movimiento laboral o medios de comunicación, también golpeó a El Salvador.
Con su partido Nuevas Ideas, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele , ganó la elección parlamentaria de febrero de 2021 y en mayo de ese año, asido a las fuerzas militares y policiales, se apoderó del mando de la Asamblea Legislativa, de los poderes Judicial (Sala Constitucional) y Electoral y de la Fiscalía General.
Bukele decretó, a partir del 27 de marzo de 2022, un estado de emergencia y lanzó una implacable acción militar y policial contra las maras Salvatrucha y 18. Con más de 50 mil hombres y mujeres detenidos , agrupaciones salvadoreñas de derechos humanos denunciaron arrestos arbitrarios o injustificados, lo que Bukele negó.
“(Bukele) tiene total y totalitariamente ‘atrapado sin salida’ al sistema de justicia”, aseveró el abogado y politólogo salvadoreño Benjamín Cuéllar, dirigente de Víctimas Demandantes (VIDAS), grupo (no estatal) de El Salvador de derechos humanos.
El presidente decidió “aporrear la judicatura” y quitó u obligó a dimitir a sus integrantes de mayor experiencia y compromiso con “el debido proceso y las garantías judiciales”, narró Cuéllar a este diario.
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“Bukele se salió con la suya (…) con el temor al traslado degradante o al despido humillante deambulando entre jueces y juezas”, logró control de la justicia, subrayó.
Otra crisis persistió en Guatemala, donde “no hay independencia judicial”, acusó el abogado guatemalteco Nery Rodenas , director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala.
“Hay aparente democracia. Por órdenes superiores, los jueces retuercen la ley. El común denominador en Guatemala para los sectores que se apropiaron del Estado para saquearlo y corromperlo es la impunidad”, declaró Rodenas a este periódico.
El Poder Judicial es “el baluarte” de políticos, empresarios y militares que pactaron para “cooptar y servirse” de la institucionalidad y elegir magistrados y jueces “que no los condenan y que criminalizan y persiguen a los buenos operadores de justicia”, indicó.
En un país regido por la derecha, las autoridades guatemaltecas negaron esos cuestionamientos.
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El caso cubano, entre tanto, emergió como uno de los más conflictivos. Con el Partido Comunista de Cuba ( PCC ) definido, vía constitucional, como “la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”, la separación de los tres poderes quedó excluida en un régimen vertical. La revolución cubana argumentó que su sistema garantiza la justicia.
“Esos poderes están supeditados en Cuba al control del Buró Político del PCC. Sin independencia del Poder Judicial, la administración de la justicia se parcializa”, relató el disidente cubano Dagoberto Valdés, religioso, ingeniero agrónomo, ex—miembro del Pontificio Consejo Justicia y Paz del Vaticano y director de Convivencia, revista digital de Cuba.
El mecanismo en Cuba “excluye el debido proceso que merecen acusados y acusadores. Es imposible la imparcialidad cuando no hay independencia de poderes. Esto hace que las víctimas de abusos de los derechos humanos y de cualquier otro crimen carezcan de defensa adecuada”, declaró Valdés a este periódico.
La independencia judicial es “garantía fundamental en el Estado constitucional de derecho”, reafirmó, por su lado, el abogado costarricense Alex Rojas , juez, profesor en la (estatal) Universidad de Costa Rica y especialista en derechos humanos.
Rojas publicó este mes un análisis sobre la independencia judicial en América Latina en una revista de la Sala Constitucional de Costa Rica.
“La politización de la justicia” y la “afectación” de la libertad económica del Poder Judicial invaden “la independencia judicial, erosionan al Estado constitucional de derecho” y generan “efectos desfavorables” en la legitimidad, la confianza del justiciable y la efectividad del “control judicial del poder público”, agregó.
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