Dado que el Código Penal capitalino es benevolente con el delito de encubrimiento, la diputada local de Morena, Isabela Rosales Herrera , propusó que la responsabilidad en todo tipo de delitos ya no proteja a familiares hasta el cuarto grado, “sino que sólo sea hasta el segundo, como hijos, padres, cónyuge o concubina”.
Además, en su iniciativa la morenista busca que en el caso de delitos sexuales y feminicidio, “los padres, esposos, hermanos o hijos, que ayuden o protejan al responsable”, sean castigados con un periodo de seis meses hasta cinco años de cárcel y multas de 100 a 500 días de salario mínimo vigente.
“Es momento de poner un alto a estas prácticas que sirven para fomentar la normalización de las conductas delictivas. Terminemos con el encubrimiento, que solo genera impunidad. Ya basta de disfrazar la cultura del encubrimiento con amor o amistad. Dejemos de lado los sentimentalismos a modo, para abrir paso a la imparcialidad en los procesos de impartición de justicia”, destacó Rosales Herrera.
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Para ello, la funcionaria solicita modificar los artículos 320 y 321 del Código Penal capitalino, aunque aclara que no pide incremento a las sentencias condenatorias, sino reducir las personas que encubren al delincuente de cuarto a segundo grado, “así como quitar el tema de relaciones afectivas o amorosas”, como lo establece actualmente esa norma.
Además, la legisladora de Morena explicó: “otra de las novedades, es que, en el caso de delitos sexuales y feminicidio , la familia que ayude o sepa de las actividades del feminicida ya no los protege la ley, sino que ahora les impongan de seis meses a cinco años por no haber denunciado o haber ayudado al criminal”, señaló.
Acusó que actualmente cualquier persona que haya perpetrado un delito tiene la posibilidad de mantenerse fuera del margen de la ley, mediante el auxilio y apoyo de sus allegados, ya sean familiares o amigos, pues el propio Código Penal protege de encubrimiento a cualquier persona que presuma de una relación estrecha hasta en un cuarto grado.
“Esto ocurre, porque el delincuente recibe asistencia y protección necesaria para ocultarse o, lo más grave, para desaparecer las pruebas delictivas, el producto del ilícito o se abstenga de denunciarlo aún con el pleno conocimiento que ha cometido o comete algún delito”, soslayó la morenista.
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Este acto “atenta directamente contra la capacidad estatal de garantizar seguridad y justicia, favorece la reincidencia en el delito, crea un circulo de protección al delincuente, donde sus cercanos, ya sean familiares, amigos o parejas sentimentales, se sienten cobijados, pues la Ley los protege de ser cómplices, además de violentar el derecho de la ciudadanía a vivir en un lugar seguro”, enfatizó Rosales Herrera.
Insistió que tal circunstancia otorga ventaja proporcionada, de manera deliberada, al infractor, misma que es aprovechada para proteger a quienes deciden atentar contra las normas establecidas y representan un potencial peligro para la sociedad.
“Si bien, las personas cercanas a quien comete delitos pueden no ser cómplices, pero si conocen de sus actos criminales permiten que el o la criminal continúe realizando sus actividades en total impunidad. Lo cual es necesario acabar con esto”, insistió la legisladora.
foa
