Legislador del PRI plantea dar de baja a diputados que lleguen tarde a las sesiones del Congreso CDMX

Con el fin de enfrentar las inasistencias y el ausentismo legislativo, el diputado local del PRI Fausto Zamorano propuso reformas al Reglamento Interno del Congreso de la Ciudad de México para que cualquier diputado local sea relevado y se llame a su suplente si acumula cinco retrasos injustificados durante un mismo periodo de sesiones.

A través de una iniciativa, busca reformar los artículos 63 y 70 del Reglamento Interno del Congreso local, en materia de puntualidad. Propuso que la o el diputado que no haya registrado su asistencia una vez pasados los 15 minutos después que se cierre el sistema electrónico de registro, se le compute como un retraso, aunque se incorpore posteriormente a sus labores.

En caso de acumular cinco retrasos injustificados en un mismo período de sesiones, se procederá a suplir a la o el diputado, llamando al suplente para que tome posesión, señala la propuesta.

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Las causas por las que los legisladores podrían justificar su ausencia serán, entre otras, los temas de salud, causas de fuerza mayor, encargos oficiales e inclusive cuidados de la familia.

También se mantiene la disposición de que el diputado será sustituido cuando no se presente a cinco días de sesiones en un mismo período, sin causa justificada o sin previa licencia del Presidente de la Mesa Directiva.

En su argumentación, Zamorano Esparza señaló que cuando los legisladores llegan tarde a las sesiones, se pueden posponer debates cruciales, votaciones importantes y la aprobación de leyes, lo que afecta la continuidad y la eficacia del proceso legislativo.

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Además, señala, la puntualidad tiene un impacto en la credibilidad y la imagen institucional del Congreso, ante la opinión pública.

“La falta de puntualidad puede percibirse como falta de compromiso con el cargo, y es una falta de respeto hacia los colegas que sí son puntuales y al proceso legislativo en general”.

Asienta que la puntualidad no solo es una cuestión de eficiencia legislativa, sino también un deber ético y una responsabilidad moral de los legisladores, hacia aquellos que los eligieron para representarles en el Congreso.

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ss/cr