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Llevan más de cuatro años de pelear las 50 hectáreas de la comunidad de Salazar, municipio de Lerma, predios verdes inmersos en el bosque a unos metros de la carretera México-Toluca y en donde habitan al menos 3 mil personas.
Sin embargo, desde el jueves 14 de diciembre se dividen en grupos para vigilar una parcela de 4 mil metros cuadrados tras la llegada de topógrafos e ingenieros para hacer mediciones de la tierra en donde, presumen, se construirá una zona residencial y un centro comercial.
José Antonio Lara Duque, uno de los representantes de los pobladores, mencionó que uno de los trabajadores de la constructora se identificó como Francisco Javier Gómez y argumentó que los terrenos son suyos, además de que cuenta con la autorización para construir.
Minutos después los presuntos invasores regresaron resguardados por la policía municipal que permanecen desplegados a lo largo de la vía.
“Es que a unos metros de aquí construyeron un plantel de una universidad privada ¿para qué cree usted que quieren esta región? Nos quieren sacar a todos de aquí y no nos vamos a dejar, esta tierra es nuestra desde hace décadas”, dijo uno de los inconformes, quien pidió reservar su nombre por temor a represalias.
Mujeres y hombres se encuentran dispuestos a defender sus predios hasta las últimas consecuencias, aunque advierten que no van a caer en las provocaciones de la constructora Rocko permant, pues desde el lunes comenzaron desplegar camiones con supuestos trabajadores y gente armada.
Los ejidatarios se mantienen al pie de la vía conocida como camino a Cañada Alférez, aunque sin bloquear el tráfico, que conecta con la comunidad de Salazar, a unos kilómetros está la carretera México-Toluca.
“Nosotros no estamos provocando, desde el jueves pasado había gente haciendo trabajos de topografía, llamamos a la policía municipal porque con base en la resolución de un amparo con número 445/2014 el juez del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito no pueden invadir nuestras tierras, pero comenzaron a llegar camionetas con gente a bordo y que presumimos son golpeadores”, denunció uno de los inconformes.
Recordaron que el 30 de septiembre fueron detenidos ocho comuneros por la misma disputa de los predios, acusados de privación ilegal de la libertad, lesiones y robo con violencia y por los que no han podido liberarlos de la prisión, de modo que solicitaron la intervención del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, quien denunció el ingreso de maquinaria pesada.
Advirtieron que con los presuntos representantes de la constructora acudió Miguel Torres Flores quien se acreditó como trabajador de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); sin embargo, en la dependencia negaron que haya un trabajador con este nombre.
