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A casi seis meses del terremoto del 19 de septiembre de 2017, que dejó 38 edificios colapsados y 228 personas muertas, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México tiene 75 quejas en trámite por temas relacionados al sismo.
“Estas quejas son por daños pendientes en dictaminación, construcciones que causaron daños, inmuebles colapsados, por edificios por alto riesgo al demoler, y hay cuatro pendientes de dictaminar. Los presuntos derechos violados son a la seguridad jurídica, a la integridad personal y a un nivel de vida adecuado”, expuso Nashieli Ramírez, presidenta del organismo autónomo.
Ayer la ombudsperson inauguró los trabajos de la Primera Audiencia Pública para personas damnificadas, donde destacó que las autoridades de la Ciudad de México deben responder a la altura de las necesidades de la ciudadanía.
Afirmó que el proceso de reconstrucción y la atención a damnificados debe tener como eje rector la dignidad de las personas y los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Por su parte, la vocera de Damnificados Unidos, Francia Gutiérrez, denunció que con el actual titular de la Comisión para la Reconstrucción, Édgar Tungüí Rodríguez, no ha tenido ningún tipo de acercamiento, por lo que no saben exactamente en qué parte del proceso de reconstrucción se encuentran.
Luego de que el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, envió una iniciativa para reformar la Ley de Reconstrucción a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para ampliar los plazos para que los damnificados se anoten en los censos y así acceder a los apoyos, Francia Gutiérrez denunció una total omisión por parte del Gobierno de la Ciudad de México y “que no hay claridad en el proceso”; pidió que no se deje pasar más tiempo ya que se niegan a ser botín electoral para los próximos comicios del 1 de julio.
