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Se perfila que el Gobierno capitalino y los 16 alcaldes cuenten con la facultad para retirar a los ambulantes cuando así lo decidan, además de llevar a prisión a todo aquel que se resista, establece, entre otras acciones, el dictamen de la Ley de Trabajadores No Asalariados que ayer avanzó en Comisiones en el Congreso de la Ciudad de México.
En el artículo 12 se reconoce “la desaparición del comercio popular” en vías primarias y transporte público. Textualmente dice: “Los sujetos obligados de la presente ley no podrán expedir autorizaciones para realizar actividades en vías primarias, prados, camellones y en el interior de las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, autobuses, Metrobús, Cablebús y cualquier otro transporte público.
“[Lo mismo que] en accesos a los espectáculos públicos y privados, entradas a los estacionamientos, áreas de acceso y tránsito de hospitales, clínicas, escuelas, estaciones de bomberos, zonas remodeladas, espacios públicos recuperados y otros lugares que determine el reglamento”.
Aunque en el artículo 11 señala: “Para determinar las zonas especiales de comercio y cultura popular, las personas podrán participar con las autoridades, procurando siempre que dicha ubicación no sea en zonas eminentemente habitacionales”.
De igual forma, anuncia beneficios como vivienda, atención médica y social, “como lo tiene todo ciudadano. Con lo que lejos de ayudarnos esa ley, nos perjudica, porque ahora vamos a tener calles bonitas, cuando la gente se está muriendo de hambre; cada vez hay más desempleo y la gente necesita trabajar. Esta ley, de aprobarse, fomentará la corrupción”, dijo la lideresa del comercio en vía pública del Centro Histórico, Diana Sánchez Barrios.
Con seis votos a favor —de Morena y dos sin partido— y cinco abstenciones —PRD, PAN y uno de Morena—, la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso aprobó el dictamen de la Ley de Trabajadores No Asalariados.
Sin establecer fecha, el presidente de la comisión, Nazario Norberto Sánchez, anunció que el dictamen será presentado ante el pleno del Congreso local, para su aprobación, pero la oposición advirtió que allí planteará su desacuerdo al documento.
Sánchez Barrios denunció que “es anticonstitucional”, por lo que, de ser aprobado en el pleno, encabezará decenas de amparos, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ajuste la plana a los legisladores.
La diputada federal del Partido Encuentro Social (PES), María Rosete Sánchez, consideró que el dictamen representa un avance importante en materia legislativa y para la democracia en la Ciudad, además de contribuir a resolver el problema del comercio informal y desigualdad social.
Norberto Sánchez explicó que con esto se reconoce al comercio en vía pública “como una modalidad de ejercicio del derecho humano al trabajo, permite acceder a programas de créditos para la vivienda, da certeza jurídica para que en caso de abuso de la autoridad, cuenten con los medios necesarios para su defensa”.
De igual forma, garantiza el otorgamiento de la autorización que se debe expedir para el adecuado desempeño de dichas actividades.
