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El Congreso capitalino iniciará el proceso de abrogación de la Ley de la Pensión Alimentaria a Adultos Mayores en la Ciudad de México, cuyos apoyos económicos pasarán a cargo de la Federación.
El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Ruiz, confirmó que la siguiente semana iniciará este procedimiento, con lo que la normatividad para la entrega de la pensión por parte del gobierno federal quedará solucionado en términos jurídicos.
“Es un tema importante porque a raíz de convertir esto en un programa federal, se tienen que hacer los cambios pertinentes que no le tocan al Ejecutivo, sino al Congreso de la Ciudad, una vez que se tiene la certeza de los tiempos y de las formas en los que la Federación empezará a hacerlo”.
Explicó que el proceso de abrogación no se había iniciado para evitar un desfase normativo.
“Una vez que está preciso tendremos que proceder a la abrogación de la ley actual, eso será la próxima semana, a partir de estas certezas que se han dado”, externó.
Luego de establecer el programa de apoyo alimentario a personas adultos mayores en la Ciudad, en 2001 se creó dicha ley para garantizar la entrega de los apoyos económicos.
Este programa fue bien recibido por diversos sectores e incluso fue replicado a nivel nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Reconocen violación. Por su parte, diputados de oposición afirmaron que la Ley de la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores se ha violado por no garantizar los apoyos económicos a los beneficiarios.
El coordinador de la bancada del PRD, Jorge Gaviño, comentó que desde 2018 se debió haber realizado una modificación en los artículos transitorios para garantizar el presupuesto y los tiempos en los que iba a tardar la transición de la pensión de adultos mayores al Gobierno Federal.
El coordinador de la bancada del PAN, Mauricio Tabe, dijo que el centralismo del gobierno federal ha estrangulando la operatividad de los programas sociales en la Ciudad. De inicio, dijo, se debe abrogar la ley o modificar sus términos para que no se obligue al Gobierno local garantizar los recursos para este programa.
“Pueden ser dos vías: que el Ejecutivo federal mande al Congreso de la Unión que establezca este derecho en todo el país y que abrogue todas las disposiciones consecuentes, y entonces este Congreso tendría que abrogar esa ley.
“O ajustar la Ley para que no quede la obligación del Gobierno de la Ciudad de entregar esos recursos, sino quede solo como un derecho”. El diputado del PRI, Miguel Ángel Salazar, comentó que la ley no fue cumplida desde que no se garantizaron los recursos para este programa de forma anual.
“El Congreso capitalino también tiene que entrarle al tema. Si van a hacer la transferencia a nivel federal, pues hay que reformar o modificar la propia ley, cosa que no ha sucedido, entonces estamos en falta tanto el Congreso de la Ciudad de México como quien ejecuta la ley, que es la jefatura de Gobierno”, externó.
