Vinculan a proceso a exdelegado de Sedesol en Chiapas por estafa maestra

Tuxtla Gutiérrez, Chis.- El exdelegado de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social ( Sedesol ) en Chiapas, Saúl Orduña Morga, fue vinculado a proceso por un juez federal en Tapachula por el probable delito de ejercicio indebido de funciones y facultades, como parte de las indagatorias de la llamada estafa maestra.

El juez ratificó las medidas cautelares para que el ex uncionario enfrente su juicio en libertad, pero acuda a firma cada 15 días al Centro de Justicia Penal Federal, sin salir del estado.

Aunque la autoridad jurisdiccional resolvió no vincular a proceso al subdelegado de la misma institución federal, Rodolfo Molina Monterrosa, imputado en la misma causa penal 95/2019.

Al término de la audiencia de tres horas, el juez resolvió que existían datos de prueba para imputar al exdelegado de la Sedesol, por haber solicitado a esa dependencia gubernamental el pago de 28 millones 721 mil 300 pesos para la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), no obstante carecía de documentos comprobatorios del servicio proporcionado.

La Unach y la extinta Sedesol firmaron en 2015 un acuerdo para que la casa de estudios apoyara a la dependencia federal en crear comités comunitarios, para impulsar la Cruzada Nacional Contra el Hambre , y con éstos se identificaran prioridades de la pobreza.

El Ministerio Público federal y la Auditoría Superior de la Federación determinaron que la Unach, no formó dichos comités ni proporcionó asesoría para identificar necesidades locales, pero sí recibió el pago.

Asimismo, los más de 28 millones de pesos solicitados por el exdelegado fueron depositados en cinco cuentas bancarias a nombre de la universidad.

De igual manera , la supuestas pruebas del ejercicio de ese monto fueron entregados seis meses posterior de la solicitud de pago, y al ser revisadas se identificó que la mayoría correspondía a ejercicios de 2013 y 2014, y no al 2015 que fue el año cuando se suscribió el convenio.

A Molina Monterrosa se le involucraba por un monto de 24 millones 380 mil 960 pesos, pero el juez señaló que el agente ministerial no proporcionó pruebas ni argumentos necesarios.

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