Oaxaca.— La Secretaría de Gobierno de Oaxaca propuso a representantes del gobierno de Chiapas realizar un recorrido por la zona de conflicto territorial en los Chimalapas, con el fin de garantizar la seguridad en el área, con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Esta semana, funcionarios de ambos gobiernos se reunieron tras reactivarse el conflicto agrario entre las comunidades de San Miguel y Santa María Chimalapa con los ejidos chiapanecos asentados en territorio oaxaqueño.

El pasado 5 de agosto, las autoridades del municipio de San Miguel Chimalapa dio un plazo de 30 días a los habitantes de Gustavo Díaz Ordaz para disolver su ejido y adherirse como comuneros y sujetarse a sus estatutos comunales. De lo contrario, advirtió, realizará las acciones necesarias para la restitución de sus tierras.

Jesús Romero López, titular de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca, informó que ante los hechos recientes propuso realizar un recorrido coordinado por los núcleos involucrados, con la participación de autoridades estatales y federales, para generar condiciones de diálogo, sensibilización y entendimiento entre las partes.

Asimismo, adelantó que se dará vista a los gobiernos federal y de Chiapas para establecer una agenda interinstitucional que genere las condiciones para una solución pacífica.

También señaló que, en materia de seguridad, su propuesta contempla la participación de instituciones federales como la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, con el propósito de contribuir a la protección de las familias de esta región.

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Romero López agregó que sostuvo una reunión de trabajo con autoridades municipales y comunales de San Miguel Chimalapa, y previamente se reunió con la secretaria general de Gobierno y Mediación de Chiapas, Dulce María Rodríguez Ovando, con quien acordó fortalecer la colaboración entre ambas entidades “para atender asuntos comunes”.

El pasado 8 de agosto, habitantes de San Miguel Chimalapa denunciaron que elementos de Seguridad Pública de Chiapas ingresaron a su territorio —presuntamente para proteger a los ejidatarios—, lo que señalaron como una violación a la soberanía del estado de Oaxaca y exigieron la intervención del gobernador Salomón Jara para resolver el conflicto.

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