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La directora de la agrupación Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos ( Cadhac ), Consuelo Morales Elizondo, afirmó que la cifra de muertos en el penal de Cadereyta durante los amotinamientos del pasado mes de octubre fueron más de 50 y no los 18 que oficialmente reconocieron las autoridades del gobierno de Nuevo León.
Entrevistada al acudir a una misa en memoria de los muertos y desaparecidos durante la guerra contra el narcotráfico, que resultaron víctimas de la delincuencia organizada o de autoridades, Morales Elizondo comentó que esa información es con base a testimonios que en entrevistas particulares recibieron de más de 150 familiares de internos, en las dos semanas posteriores a los mencionados hechos violentos.
“Son informaciones que nos fueron dando, que fuimos cruzando. Estamos convencidos que hay una cantidad más grande de muertos de los que han informado las autoridades, y de heridos muchos más” de los 36 que se dijo oficialmente.
Aseveró que en Cadhac tuvieron a una persona que entró al reclusorio a curar internos, dos semanas después de los hechos, y refirió que mucha gente estaba con numerosas heridas en la cabeza, lesionados por balas de goma, pero también con balazos y que no habían sido atendidas en el hospital.
“Hablé con el Secretario de Seguridad Pública, Arturo González y empezó a generar una dinámica de más atención; pero es algo muy individual, necesitamos una política penitenciaria, que si los tienen presos, la sanción es la privación de la libertad, no que los torturen o los maten, si nos callamos de estos homicidios nos volvemos cómplices”, expresó la defensora de derechos humanos.
“Estamos convencidos que no nos han dicho la verdad completa y parte de ello sucede porque empezaron a hacer traslados a diferentes estados, necesitamos que nos digan exactamente la lista de internos y en dónde están”, agregó Morales.
Apeló a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que ya se pronunció sobre todo contra el uso de la fuerza letal en los disturbios que iniciaron la noche del 9 y culminaron la tarde del 10 de octubre, porque las muertes, “ocurrieron por el uso de armas, usaron una fuerza desmedida”.
Morales Elizondo señaló que incluso hubo quienes tuvieron que solicitar un amparo a fin de que se brindara atención médica a una persona herida, y la juez que recibió la solicitud le pidió al procurador de Justicia, Bernardo González que también investigue a quien resulte responsable por tratos crueles, inhumanos y denigrantes.
“Necesitamos que se haga una investigación seria y objetiva, si el procurador nos da una razón de 18 personas fallecidas, pues no la vamos a poder aceptar”, declaró Morales Elizondo.
Expuso que una persona muerta en el penal tendría derecho a una indemnización de aproximadamente 1.2 millones de pesos, pero el presupuesto que le asignaron a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) es de cinco millones de pesos para todo el año. “Hay una insensibilidad terrible de los funcionarios”, dijo Morales.
Llamó a las mamás de internos que hayan sido asesinados por las autoridades en los disturbios de octubre pasado, a que acudan a Cadhac, para que gestionen legalmente el proceso de reparación.
cfe
