Funcionarios municipales en Oaxaca, en el ojo de la violencia

Oaxaca.— La noche del lunes 22 de junio, el expresidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, José Alberto Martínez Luna, fue objeto de un ataque armado en el que murió uno de sus escoltas y otro resultó herido.

Se trata del quinto ataque contra funcionarios municipales en Oaxaca durante junio; en lo que va del año suman ocho hechos violentos que han dejado seis muertos y dos heridos. En todo 2025 se registró el mismo número de ataques contra objetivos políticos en la entidad.

El 11 de junio, el presidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, César Figueroa Jiménez, sufrió un atentado en el que resultó herido de bala en el brazo izquierdo y un trabajador del ayuntamiento también fue lesionado.

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José Alberto Martínez Luna

Dos días después, el 13 de junio, fue asesinado el presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Joel Ángel Bravo Martínez; el mismo día, en Pinotepa Nacional, fue ejecutada la asambleísta del PRD, Isela Lizbeth González López.

Joel Bravo Martínez.

El 15 de junio fue asesinado el expresidente municipal de San Juan Quiahije, Carlos Orocio, y su hijo Celestino Orocio.

El pasado 4 de marzo, el expresidente municipal y excomisario de Bienes Comunales de Santa María Zaniza, Silvestre Vásquez Sánchez, fue asesinado.

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Silvestre Vásquez Sánchez.

El 13 de abril, el expresidente municipal de San Miguel del Puerto, Francisco Gijón Vázquez, fue ejecutado, al igual que el exregidor Genaro Silvano, de San Mateo Piñas, en un ataque que ocurrió el 19 de mayo.

En resumen, en lo que va de 2026 han sido asesinados un presidente municipal, tres expresidentes municipales, un exregidor y una asambleísta, y resultaron heridos un edil y un presidente municipal. En estos ataques también murieron familiares de tres víctimas.

En 2025 fueron asesinados dos presidentes municipales y tres expresidentes municipales, así como dos regidores, un exregidor y un agente municipal.

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Isela Lizbeth González López

En estos ataques también murió el hijo de 15 años del regidor de Santiagueras Amoltepec, así como dos policías municipales y dos agentes de seguridad.

Las causas

El especialista en temas electorales y exdirector general del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), Isidoro Yescas Martínez, opina que esta espiral de violencia política, aunque no es un fenómeno reciente en la entidad, es el resultado de la desatención de los dos últimos sexenios en el gobierno estatal para fortalecer los sistemas de seguridad pública.

Por otro lado, advierte que se ha permitido el empoderamiento de células delictivas y cárteles del crimen organizado en el estado.

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Considera que el gran problema que tiene Oaxaca es que “muchos gobiernos municipales, como el caso de Juchitán, han sido penetrados por el crimen organizado.

Francisco Gijón Vázquez.

“Cuerpos policiacos bajo el control de células, de cárteles, y el fenómeno ahora también se está extendiendo de manera muy preocupante hacia la región de Valles Centrales”, señala.

Yescas Martínez recuerda que esta violencia política se ha observado en otros procesos electorales en Oaxaca, en elecciones intermedias por la disputa por las diputaciones locales y las presidencias municipales, e incluso cuando está en juego la gubernatura.

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Pero en los últimos años, dice, se ha replicado lo que ocurre a nivel nacional y en otros estados de la República, donde el crimen organizado ya no sólo pelea el “control de plazas” para sus actividades delictivas —como el control de los flujos migratorios, el tráfico de armas y drogas o el cobro de piso—, sino que también intentan tener el control de ayuntamientos y diputaciones por el presupuesto público que reciben, incluso con la postulación de candidatos.

“La penetración del crimen organizado en el caso específico de las coyunturas electorales, lo mismo intervienen en municipios con sistemas de partidos políticos que de sistemas normativos internos, porque lo que no hay que perder de vista es que hay municipios de usos y costumbres que manejan presupuestos muy fuertes, de hasta 30, 40 o 50 millones de pesos anuales. Por eso ha sido muy visible esta violencia en zonas; por ejemplo, como la Sierra Sur”, indica el experto.

César Figueroa, edil de Miahuatlán

Señala que una tercera causa es la continuidad de grupos caciquiles que disputan, más que el control político, el control de los recursos públicos que reciben los ayuntamientos, tanto de aquellos que se rigen por sistemas normativos internos como por partidos políticos.

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“En los municipios con mayores índices de pobreza, y que tienen mayores recursos, desgraciadamente es en donde más violencia electoral se ha registrado por la penetración no sólo del crimen organizado, sino también de grupos caciquiles. Esto ha sido muy endémico en Oaxaca. Los caciquismos en cada coyuntura electoral han estado muy activos en la disputa por el control de los municipios”, expone Isidoro Yescas Martínez.

Un golpe a la democracia

El especialista señala que esta violencia provoca la reducción de los espacios de participación ciudadana, porque hay una inhibición de parte de grupos que no pertenecen a organizaciones constituidas, como organizaciones sociales o partidos políticos; inhiben la participación de los ciudadanos, no permiten el libre ejercicio del voto y entonces pierde sentido un proceso electoral controlado por el crimen organizado o grupos aislados.

“No solamente es la presencia del crimen organizado lo que inhibe el voto, sino la propia manipulación que se da por parte del Estado, como ocurre en las elecciones de sistemas normativos internos. Son los propios partidos políticos los que también se inmiscuyen y violando las disposiciones legales participan abiertamente en procesos electorales”.

Lo que se espera, enfatiza el especialista, es que la violencia no se normalice en Oaxaca, en el marco de los procesos electorales que vienen.

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