Exigen aclarar asesinato de Higinio de la Cruz, defensor indígena de derechos humanos

Organizaciones defensoras de Derechos Humanos exigieron que se esclarezca el crimen del activista nahua Higinio de la Cruz, localizado sin vida el pasado 25 de noviembre en un camino del ejido Ayotitlán, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, después de haber acudido al ayuntamiento a una cita.

Durante una conferencia de prensa en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el abogado Eduardo Mosqueda, de la organización Tsikini, pidió a las autoridades ministeriales citar a declarar al actual alcalde de Cuautitlán, el emecista Jesús Delgado Camberos, pues asegura que fue él quien el día 23 de noviembre llamó a De la Cruz para citarlo al día siguiente en la presidencia municipal.

“Diversos testigos nos han dicho que el día 24 gente armada sacó a Higinio por la parte trasera del ayuntamiento y después no se supo de él hasta que lo encontraron muerto”, aseguró.

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Dijo que el edil ha declarado en algunos medios que él ni siquiera estaba en Cuautitlán el día 24 de noviembre, pues estaba en Guadalajara; sin embargo, el abogado consideró que el alcalde debe aclarar si fue él quien citó al defensor del territorio, pues se ha sabido de otros casos en los que se cita a otras personas al ayuntamiento y quienes los están esperando son integrantes del crimen organizado que los amedrentan.

Mosqueda explicó que De la Cruz había logrado la incorporación de 150 nuevos ejidatarios, con lo que, de cara a la siguiente elección de comisariado de Ayotitlán, se lograría que la nueva mesa directiva se opusiera a la mina Peña Colorada, que desde 1975 explota concesiones para la extracción de hierro en tierras de este pueblo nahua ubicado en la sierra de Manantlán, en los límites de Jalisco y Colima.

El abogado recordó que hoy la mina Peña Colorada pertenece al consorcio multinacional conformado por las empresas Ternium y AcelorMittal, y que la primera de ellas está señalada en las investigaciones por la desaparición del líder nahua Antonio Díaz Valencia, de Aquila, Michoacán, y del abogado Ricardo Lagunes Gasca, ocurrida el 15 de enero de este año.

Higinio de la Cruz contaba con diversas medidas de protección otorgadas por el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos del gobierno federal, pero ninguna de ellas funcionó; además de oponerse a la minera Peña Colorada, había denunciado la presencia de al menos 10 minas ilegales y tala clandestina dentro de la reserva de la Biosfera de Manantlán.

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Una zona peligrosa

Por su parte, María González, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), señaló que en los últimos tres años seis personas defensoras de Derechos Humanos han sido asesinadas en Jalisco, y cuatro de ellos son indígenas.

Indicó, además, que desde 1986 han sido asesinados 11 defensores del territorio en Ayotitlán y hay uno más desaparecido.

Consideró que mientras la mina Peña Colorada continúe en esta región la situación no cambiará, por lo que llamó a la sociedad a exigir que el gobierno federal declare una moratoria de la minería en el país y se cancelen las concesiones.

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