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La aprobación en manos de los diputados locales de Michoacán, incluida en el presupuesto de ingresos enviado por el Poder Ejecutivo, para legalizar los cobros de diferentes servicios en las escuelas públicas ha generado polémica y que sectores involucrados en la educación se pronuncien en contra.
El dictamen elaborado por las comisiones legislativas de Presupuesto y Hacienda del Poder Legislativo, pero propuesto por el Ejecutivo, contempla cobros de la mayoría de los productos y servicios en el sector educativo público de todos los niveles.
En el artículo 26 de la ley de ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018, contempla, sólo por mencionar algunos, cobros en inscripciones, derecho a exámenes, exámenes extraordinarios, diplomas, constancias de estudios, registro de título, entre otros más.
Según el gobierno del estado, con esta medida pretende recaudar en el 2018, cerca de 23 millones de pesos, sólo en el nivel básico como parte de “un proceso responsable y apegado al marco legal para regularizar su manejo”.
Mediante comunicado, la Secretaría de Educación señaló que la incorporación de productos y servicios educativos en el proyecto de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán no constituye cobros nuevos.
Argumentó que obedecen a un proceso de regularización de ingresos propios que se han aplicado desde la misma creación de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE).
Sin embargo, esta carga tributaria tendrá que ser pagada por los padres de familia o tutores, destacó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que se manifestó afuera del edificio del Poder Legislativo.
Acompañada de empleados y profesores de la Universidad Michoacana, el ala magisterial disidente, exigió a los legisladores locales que echen abajo esta propuesta recaudatoria, “que acaba con la gratuidad de la educación”.
Víctor Manuel Zavala Hurtado, líder de la Sección 18 de la CNTE, acusó que el Estado ya le quitó a los mexicanos los recursos naturales, las conquistas laborales y ahora, le arrebata a los ciudadanos el derecho humano a la educación.
“Se habla de una ley reglamentaria de autogestión donde pasan todos los gastos a los padres de familia. Efectivamente no es nuevo, pero ahora ya lo están legalizando y es una situación que no vamos a permitir”, advirtió el líder de la CNTE en la entidad.
Víctor Manuel Zavala, dijo que están en condiciones de emitir una alarma nacional, y en Michoacán más, donde un gobierno que se dice de izquierda, solo plantea arrebatarle a la sociedad lo que le corresponde, como en el caso de la educación gratuita.
Por separado, la organización Mexicanos Primero Michoacán A.C. pidió a los legisladores integrantes de la misma que revisen pronta, detalladamente y con sensibilidad social el documento mencionado.
Mexicanos Primero, dijo a los diputados locales que corrijan estos conceptos inaceptables contenidos en la misma Ley de Ingresos , ya que su Artículo 26, atenta en múltiples rubros contra el derecho a aprender de más de un millón de niños y jóvenes michoacanos.
La Asociación Civil, indicó que si bien la crítica situación financiera del sistema educativo michoacano es del dominio público, la solución no está en imponer contribuciones a los más necesitados.
Por el contrario, argumentó, se le debe brindar a la ciudadanía las mejores condiciones para el aprendizaje, así como mejorar el ejercicio debido del gasto público, administrarlo con austeridad, responsabilidad y combatir la corrupción e impunidad.
Mediante una misiva hecha llegar al Pleno del Poder Legislativo, Mexicanos Primero dijo que ahora está en manos del gobierno estatal y del Congreso local actuar con responsabilidad y coherencia
“Por lo que hacemos un llamado respetuoso a nuestros representantes populares a atender la emergencia y garantizar para todos los michoacanos sus derechos de gratuidad educativa consagrados en la Carta Magna, la cual juraron cumplir y hacer cumplir al tomar posesión”, enfatizó.
cfe
