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El gobierno municipal de Cancún alista la conformación de un consejo ciudadano que dé seguimiento al cumplimiento de la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el caso Tajamar .
Dicha recomendación ordena -entre otras cosas- la revocación de los permisos expedidos a nivel local y el inicio de procedimientos administrativos y denuncias en contra de funcionarios públicos responsables de autorizar indebidamente la devastación del polígono.
Representantes de los movimientos ciudadanos Salvemos Manglar Tajamar, Cancún Salvemos el Manglar, La Tierra es Nuestra Casa, el Grupo Ecologista del Mayab (GEMA), Por un Mejor Quintana Roo, la Defensoría Internacional de los Derechos Humanos, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), se reunieron hoy con la alcaldesa, “Mara” Lezama, para conversar sobre la reapertura del acceso vehicular al Malecón Tajamar.
Al término del encuentro, las y los ciudadanos informaron que la reapertura se postergó del 19 al 23 de febrero, tentativamente, a petición del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), responsable del sitio.
“Es importante aclarar que en ninguno de los juicios, procedimientos, denuncias, estaba en juego la propiedad, ni se resolvió sobre las vialidades, las cuales permanecen de acuerdo con la sentencia del Tribunal. Tampoco se ordenó que se cerrara.
“Sólo se ordenó y ya es una resolución definitiva del Tribunal Colegiado que ya no acepta recurso alguno, que se respete el manglar y la inconstitucionalidad de la autorización que se dio”, expresó, María del Pilar Diez, representante regional del CEMDA.
Ayuntamiento deberá acatar recomendación de CNDH
El activista, Gerardo Solís, explicó que asistieron a la reunión sólo las organizaciones que han ganado algún juicio o que gozan de resoluciones a favor, comprobadas, y que también se abordó el status de cumplimiento de la recomendación 67/ 2017, expedida por la CNDH en diciembre del 2017.
Dicha recomendación fue admitida en 2018 por el ayuntamiento, entonces al mando del alcalde, Remberto Estrada, quien se obligó, por tanto, a cumplirla.
El documento, consultado por EL UNIVERSAL, destaca la falta de actuación de carácter preventivo por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y del municipio, para verificar el cumplimiento de la legislación ambiental en Tajamar y de las autorizaciones otorgadas, para evitar mayor afectación al ecosistema de humedal con vegetación de manglar.
El organismo recomendó, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ( Semarnat ) y al ayuntamiento, el diseño y aplicación de un Programa Integral de Conservación y Restauración Ecológica, con participación de la sociedad civil.
Al Fonatur le pidió “suprimir las prácticas administrativas que facilitan el otorgamiento de autorizaciones de obras o actividades que afecten o dañen los manglares y desarrollar medidas de protección” en el sitio.
Textualmente se indica, a Profepa y al municipio, que “deberán incrementar la inspección y verificación en materia de impacto ambiental, cambio uso de suelo y vida silvestre, en terrenos con vegetación de humedal y en especial con presencia de manglares, en dicha entidad”.
Se añade, que deberán “iniciar procedimientos para determinar la responsabilidad administrativa a que haya lugar, hacerlos del conocimiento de la autoridad competente y darles seguimiento hasta su conclusión”.
Ocurre que luego de la investigación que realizó, a partir de una queja interpuesta por ciudadanos, la CNDH concluyó que la devastación de manglar, vegetación diversa y fauna silvestre, en Tajamar, se realizó “sin plena observancia de la legislación ambiental vigente y aplicable”, lo cual “es imputable a servidores públicos” de Fonatur, Semarnat, Profepa y el ayuntamiento.
La responsabilidad aplica no sólo a funcionarios federales, sino también municipales, que otorgaron los permisos de chapeo y desmonte (Dirección de Ecología); a la Secretaría general de la comuna, a la sindicatura, por omisiones en la defensa de los predios municipales dentro de Tajamar y al director jurídico; todos, desde la época del entonces alcalde, Paul Carrillo.
Cuestionada sobre el tema, la alcaldesa ofreció -el fin de semana pasado- investigar y actuar en consecuencia, aunque no fue concluyente.
Anahí González, regidora de Ecología, dijo que le tocará ver el tema legal del consejo de vigilancia para cumplir la recomendación e incluso, que se busca que sea el Cabildo quien apruebe su conformación.
El Consejo es en sí, parte de la recomendación que exhorta a conformarlo, aclaró Solís.
En paralelo, Roberto Villalobos, presentó como propuesta para reactivar Tajamar, la realización de eventos sociales, culturales, deportivos, para aprovechar el espacio público, reivindicarlo y digno para la ciudadanía. La administración de su uso sería responsabilidad del propio Consejo.
