No es la primera vez que desde una institución pública en la que se debe velar por la integridad y seguridad de los ciudadanos, se gesten comportamientos que por el contrario atentan contra la tranquilidad de quienes realizan acciones cotidianas en favor de la justicia y el desarrollo social.
Me enteré tarde, pero cuando supe lo que había sucedido a principios de agosto en el estado de Morelos, perdí la voz por un momento. Ya que pude recuperarla sólo expresé la sensación de desamparo que ocasiona saber que no sólo estamos muy desprotegidos por el Estado para salvaguardar nuestra seguridad, sino que desde instancias que el propio Estado controla nuestras escasas certidumbres se ven amenazadas.
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Jesús Alejandro Vera Jiménez, recibió amenazas de que atentarían contra la integridad y vida de sus tres hijas. Las advertencias provienen de la Fiscalía General del estado que gobierna el perredista Graco Ramírez. Aunque el rector tomó las previsiones para evitar que la amenaza se concrete, la gravedad de los comunicados que recibió para amedrentarlo, requiere que pongamos más atención a lo que está sucediendo en Morelos.
En palabras de Vera Jiménez, “las amanazas pretenden intimidar a la comunidad universitaria para obligarla a claudicar en el ejercicio de su autonomía y libre determinación de conducirse de acuerdo a sus principios e intereses legítimos, incluyentes y solidarios que orientan su quehacer cotidiano en beneficio de la sociedad morelense”.
La interpretación de que las amenazas de la Fiscalía no son aisladas, sino que corresponden a una estrategia de presión política, no es exagerada. Basta considerar los crímenes que han sufrido en los últimos años varios integrantes de la UAEM: los levantamientos de Isaac Kevin Rivera Cortés; los crímenes de la estudiante de Enfermería, María del Rosario Rendón Millán y del estudiante de Arquitectura, Eduardo Morales; la desaparición de Viridiana Morales Rodríguez, estudiante de Psicología; o la irrupción violenta en el domicilio del rector y el amedrentamiento a su esposa María Elena Ávila Guerrero, entre tantas otras víctimas de la delincuencia. Sumemos a esto el asesinato del doctor Alejandro Chao y Sara Rebolledo, que aunque fue un crimen perpetuado por empleados de la familia, responde muy posiblemente al clima de impunidad que permea los municipios de Morelos.
Aunque Graco Ramírez intente ocultar la realidad, Morelos es la entidad federativa más violenta de México, y Cuernavaca es la ciudad con más de 100 mil habitantes con mayores índices de inseguridad, según informó el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, mediante el estudio denominado Ranking de la violencia en municipios y entidades federativas 2014.
En Morelos, cada vez son más las familias obligadas a dejar su casa, trabajo y patrimonio para migrar a otro estado o incluso a otro país. Las cifras de este ranking de violencia no mienten, Morelos tuvo el índice más alto de violencia con respecto a las 31 entidades federativas. Incluso el puntaje de violencia en la entidad (34.05 puntos) es casi dos veces superior a la media nacional (18.84 puntos). Según los datos recabados con información oficial, Morelos está entre los primeros tres lugares a nivel nacional en cuatro de seis delitos: secuestro, violación, robo con violencia y extorsión.
Por lo pronto urge la solidaridad del resto de los rectores de instituciones de educación superior, la sociedad civil y los organismos responsables de velar por los derechos humanos. Hemos de estar pendientes de lo que suceda en Morelos y muy alertas de la valiente comunidad universitaria que a pesar de las dificultades no suelta la lucha contra la corrupción, la violencia y el cinismo político.
Analista política y activista ciudadana
