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El pasado 5 de mayo, Strategia Electoral difundió un análisis sobre la violencia electoral ocurrida el año pasado. Un documento que desafía la visión dominante en México, según la cual vivimos un proceso electoral sin demasiados incidentes y en relativa calma durante cada una de sus etapas.
Isaac Asimov
Pero antes de sumergirnos en los hallazgos de este informe, es necesario establecer condiciones de contexto, para entender cabalmente la trascendencia de los datos.
Sin duda, una condición inherente a la democracia es el conflicto. Para la construcción de los consensos, así como para poder gobernar, es necesaria una dosis de discusión, debate y conflicto. Para eso se sube a tribuna en el legislativo, asistimos a mítines, se discute en el café o se acude a instancias legales para proteger nuestros derechos.
Solamente así las voces de toda la sociedad se pueden hacer escuchar, sumando nuevas ideas y planteamientos para el enriquecimiento de la vida política y de todos. Eso sí, este tipo de conflicto queda acotado en un marco legal y social.
La segunda condición indispensable para que un sistema político se considere una democracia es la realización de elecciones libres, periódicas, claramente reglamentadas y creíbles. Solo de esta forma se puede garantizar el acceso de cualquier grupo al poder, de tal forma que su triunfo quede claramente validado por la sociedad, incluso por aquellos que hayan votado en contra de la opción política triunfadora de cada elección.
Sin embargo, cuando la dosis de conflicto deja de ser saludable, la violencia hace su aparición. Este fenómeno puede afectar y erosionar las dos condiciones básicas mencionadas, en especial si la violencia tiene lugar durante el período electoral.
Por eso, informes como el publicado por Strategia Electoral, revisten una importancia particular al analizar la ola de asesinatos de actores políticos (candidatos, precandidatos, miembros de partidos y autoridades electorales) ocurridos durante los meses de actividad electoral del año pasado, proporcionando indicios de posibles causas y señalando algunos fenómenos importantes alrededor de estos sucesos.
El análisis de 2018 nos permite ver, en una dimensión mucho más correcta que el optimismo oficial, que nuestra democracia no es prueba de balas. Basta observar la cifra de 145 asesinatos relacionados de alguna forma con la actividad electoral, de diciembre 2017 a agosto de 2018.
Sin embargo, la trascendencia de los hallazgos de esta investigación consiste en que nos invita a dejar atrás las explicaciones fáciles o maniqueas sobre el tema. La violencia electoral de México no se puede explicar “nada más porque si” o recurriendo a falacias como culpar al ambiente generalizado de inseguridad o a los gobiernos o ideologías del pasado. Por el contrario, es un fenómeno complejo que debe ser estudiado con mayor amplitud.
Como prueba de esto se encuentra la comparación entre homicidios dolosos y homicidios de actores políticos del período en cuestión por estado que este análisis nos presenta. De acuerdo con sus hallazgos, solamente Guerrero se encuentra entre los estados que en los primeros 5 lugares tanto de homicidios dolosos como de homicidios derivados de la violencia electoral.
Otro de los puntos que se puede observar tras los datos, se refiere al tema de que la mayoría de las personas víctimas de la violencia electoral pertenecían al más cercano orden de gobierno con la sociedad: las municipalidades.
La importancia de esto tiene dos vertientes. En primer lugar, nos indica que las municipalidades, que son los ladrillos fundamentales con los que construimos el estado y la democracia mexicanos se encuentran bajo una profunda disputa, al punto de poder provocar la muerte de aquellas y aquellos que aspiran a ocupar una presidencia municipal o formar parte de un cabildo. Segundo, los ayuntamientos son, sin ninguna duda, el orden de gobierno más cercano a la población en general, por lo que podemos suponer con un alto grado de convicción que la muerte de estos actores políticos afecta de forma más directa la voluntad de participación de la ciudadanía, así como su percepción de la política.
Seguramente alguno de ustedes, queridas lectoras y lectores, se pregunta qué importancia puede tener revisar estas cifras si los procesos electorales culminaron hace meses y ya estamos cerca de cumplir el medio año en funciones del nuevo gobierno federal.
En primer lugar, la violencia, el conflicto desbordado, puede quitarle credibilidad y fortaleza a las elecciones, al generar un voto de miedo y restar credibilidad en los resultados comiciales. Esto es importante pues la violencia en México no tiende a disminuir a lo largo y ancho del país sino todo lo contrario, de acuerdo con las cifras proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La segunda respuesta tiene que ver con la definición misma de elecciones y su relación con la democracia que dimos antes. No se puede considerar que un voto es libre si la ciudadanía se encuentra atenazada por el miedo o por la convicción de que la política ya ni siquiera es un asunto cupular, sino un permanente ajuste de cuentas, mientras las autoridades tienden a minimizar los hechos.
La tercera respuesta tiene que ver con conocer la realidad para modificarla. Si no aceptamos la violencia electoral ocurrida en el 2018, será mucho más difícil que autoridades y sociedad civil podamos realizar acciones efectivas para cambiar y mejorar nuestro entorno. Lo contrario no resolvería nada, más que agravar el problema aún más.
