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La reforma penal fiscal no es terrorista ni arbitraria. Es una guerra frontal contra la corrupción y la evasión para dar con las cabezas de las empresas factureras y desmantelar las bandas delictivas, afirma el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda.
En entrevista con EL UNIVERSAL, destaca que el paquete fiscal 2020 propone crear una nueva lista negra para señalar como contribuyentes incumplidos a partidos políticos, sindicatos, gobiernos estatales y municipales, y universidades, entre otras entidades que reciban recursos públicos.
Dice estar listo para actuar a partir del 1 de enero del próximo año, una vez que los diputados ratifiquen la reforma que aprobó el Senado y el paquete fiscal 2020.
“Tenemos que parar este problema, los números que tenemos de asuntos ganados los vamos a seguir manteniendo, que es de 92%; si presentamos una querella es porque tenemos los pelos de la burra en la mano. No queremos cometer actos autoritarios”, afirma.
A aquellos que se oponen a darles más herramientas para equiparar la defraudación fiscal como delincuencia organizada, Romero Aranda les responde que se trata de una reforma democrática que respetará las garantías individuales.
Regularizarse y denunciar
El funcionario señala que las factureras son las que están infundiendo miedo a los empresarios, a quienes les hacen creer que serán tratados como terroristas.
“No es así, el empresario normal no tiene de qué preocuparse; se ha mencionado que cualquier empresa podrá ser señalada de delincuencia organizada y no es cierto”.
Se incrementó el umbral para perseguir delitos fiscales; nadie que haya cometido omisiones por debajo de 8 millones de pesos será perseguido, tiene que ser con una factura de 24 millones.
Lo que sí es verdad, asevera, es que hay que “parar este problema”, porque los factureros que también están metidos en el outsourcing no sólo dañan al erario sino a los trabajadores y a las empresas que están cumpliendo en tiempo forma.
Son empresas con altos ingresos e importantes deducciones, pero sobre todo con salidas de dinero en efectivo que complican seguirles la pista. Por eso el fisco debe tener las herramientas para no perder la huella del dinero.
“Por eso necesitamos darle el carácter de delincuencia organizada, para que un juez le dé facultad a la fiscalía para tener infiltrados y escuchas que vean cómo opera la red criminal, que vea cómo se entrega el dinero y hacia dónde va”, dice.
Una vez identificado el efectivo podrán hacer cateos y traerlos a las arcas del fisco federal.
Y para desactivar a esas bandas se requiere la prisión preventiva oficiosa: “Esos delincuentes peligrosos deben estar en la cárcel”, sentencia Romero Aranda.
Por eso exhorta a los que cayeron en esta trampa a regularizarse, a pagar contribuciones omitidas y a operar normalmente, e invita a los ciudadanos a denunciar a los factureros ante la Procuraduría Fiscal de la Federación a través del correo electrónico denuncias_pff@hacienda.gob.mx, la cual puede ser anónima o con sus datos.
Nueva lista negra
Respecto a la miscelánea fiscal que presentó el Ejecutivo como parte del Paquete Económico 2020, el titular de la procuraduría comenta que tiene varias vertientes.
En materia de secreto fiscal se está proponiendo modificar el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación para que toda persona física y moral pública o privada que reciba recursos públicos y no esté al corriente de sus obligaciones fiscales o no presenten declaraciones periódicas pueda ser listada.
Se publicará el nombre de los partidos políticos, sindicatos, universidades, entidades federativas, municipios y organismos incumplidos.
También podrá ser publicado el nombre o la razón social cuando se presuma que tuvieron operaciones inexistentes con algunas de las personas mencionadas en el artículo 69-B del Código.
“Todos los que llevaron a cabo operaciones o que dedujeron operaciones inexistentes saldrán en la lista del SAT”, precisa.
Explica que el artículo al que se refiere el secreto fiscal es el 69, el cual permite que no se viole el secreto fiscal con este listado.
“Con ello buscamos ejemplificar que si llevas operaciones con empresas factureras tendrás sanciones y todo mundo podrá ver que están en esas listas”.
Hay una regla antiabuso que se propone introducir para que la autoridad fiscal, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, pueda recaracterizar la operación que se pretende hacer.
Es decir, si al analizar la operación el SAT determina que fue realizada para eludir el pago del impuesto, y no solamente como una operación real, podrá darle el carácter que le corresponda.
Así quedará vista al contribuyente y sobre eso podrá determinar un crédito (adeudo) fiscal. Es una facultad para nombrar a la operación como es y no como jurídicamente pudieron haberla bautizado.
Romero Aranda ejemplifica: “Si yo estoy queriendo hacer una compra-venta y para evadir el pago lo disfrazo como una donación, el SAT podrá decir que no es una donación, es una compra-venta y omitiste el pago de contribuciones”.
Está dirigida para cualquier contribuyente y toda actividad, no sólo para las multinacionales.
Detalla que en el paquete fiscal 2020 se plantea una reforma para que los contribuyentes, fiscalistas y asesores den a conocer las planeaciones que están llevando a cabo con el fin de que el SAT tenga información anticipada y pueda planear actos de fiscalización.
De no cumplir, tendrán sanciones que van desde 50 mil pesos hasta 20 millones de pesos.
