La lucha contra la piratería en México tiene avances en los últimos años, lo que le valió al país salir de la ‘lista negra’ del gobierno de Estados Unidos, pero es un problema que requiere un alza radical de recursos, tanto económicos como humanos, afirman especialistas.

Además, expertos en propiedad intelectual opinan que para combatir el ilícito se requiere redoblar esfuerzos para hacer cumplir la actual legislación, comparable con las mejores prácticas mundiales.

“México tenía varias asignaturas pendientes. Con justa razón, habíamos tenido más de cinco o seis años en los que el reporte de la autoridad estadounidense repetía que no había acciones penales contra la piratería, que no teníamos reglamento, que no había actuación de oficio de Aduanas”, reconoció Santiago Nieto Castillo, quien dejó de ser director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el 30 de abril.

Explicó a EL UNIVERSAL que en esta administración se iniciaron acciones para combatir la piratería, como el convenio de colaboración con la Agencia Nacional de Aduanas de México. Asimismo, se podrá actuar de oficio contra este delito y se publicó el Reglamento de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, agregó.

Además, el gobierno mexicano implementó el Operativo Limpieza para asegurar mercancía ilegal en mercados y establecimientos.

Queda pendiente que la Suprema Corte declare constitucional el artículo que permite al IMPI bajar o bloquear sitios de internet que distribuyen canciones, películas, software y productos piratas.

Así, a fines de abril la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) publicó su Informe Especial 301 sobre la adecuación y eficacia de la protección y cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual por sus socios comerciales, en el cual México salió la lista de vigilancia prioritaria.

Plantilla escasa

El experto en propiedad intelectual Miguel Ángel Margáin destacó que ya se realizaron cambios legales y “no hay ninguna autoridad en el mundo que tenga las facultades que tiene el IMPI”.

Sin embargo, el también exdirector del IMPI mencionó que el problema está en que la institución “no tiene los recursos humanos ni materiales para hacer frente a este cáncer que es la piratería”.

Si se quieren aplicar los cambios legales sin aumentar el personal “no hay manera”, dijo Margáin. No se trata de darle más presupuesto, sino dejar que el IMPI aproveche los recursos que genera por los servicios y trámites que realiza. “[El IMPI] no nada más es autosuficiente, sino superavitario”, dijo.

Aurora López-Portillo, directora del área legal de ClarkeModet, analistas en propiedad intelectual, dijo que tras los cambios implementados debe enfocarse en ejecución y resultados visibles para generar confianza internacional.

Coincidió en que “se necesita más personal”, porque se van a empezar a incluir más acciones dentro de las facultades del IMPI.

Combatir la piratería en aduanas “es complejo, porque requiere esfuerzos continuos y coordinación entre múltiples partes, autoridades y usuarios. Tenemos una base sobre la que se puede construir, pero no vamos a la velocidad que muchos quieren porque la piratería evoluciona, y más con la digitalización”, dijo López-Portillo.

Reto mayúsculo

Según estimaciones de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), el impacto de la piratería en México en 2025 equivalió a 63 mil millones de pesos, afectando a 70 mil empleos.

La Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (Asipi) señaló que los altos niveles de piratería en México lo ubican en el primer sitio de Latinoamérica, estimándose que equivale a 1.25% del Producto Interno Bruto (PIB).

Un sondeo sobre piratería de ClarkeModet y American Chamber México (AmCham) mostró que los principales obstáculos en acciones legales contra la piratería son los largos tiempos procesales y nulo apoyo de las autoridades.

Entre las principales categorías de productos pirata comercializados en México destacan medicamentos, ropa, textiles, calzado, alimentos, bebidas, juguetes, artículos escolares y de cuidado personal, entre otros.

El problema es grande, pues hay “alta demanda de productos” por el diferencial de precios y la normalización social al comprarlos, recalcó López-Portillo. Incluso, a veces no distinguen el artículo original del falsificado, agregó.

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