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alberto.morales@eluniversal.com.mx
El debate sobre los cambios al artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción, y que el Ejecutivo regresó al Senado, debe constreñirse a las observaciones propuestas por el presidente Enrique Peña Nieto, aseguró el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Enrique Burgos (PRI).
“Primero [se debe] revisar la constitucionalidad, que es un argumento central del Presidente, si efectivamente hay omisión en la constitucionalidad de esos artículos; y segundo, tendría que ser aprobada por dos tercios de ambas cámaras.
“Entonces el debate debe restringirse a las observaciones propuestas por el Ejecutivo, puntualmente; debe orbitar en cuanto a la constitucionalidad y en cuanto a su caso, no estimo que así vaya a ser, que tenga el Congreso, para ser reiterativo, la mayoría calificada de dos tercios”, dijo Burgos.
El jueves pasado, el Ejecutivo utilizó su facultad para regresar al Senado una parte del SNA, relativo a la obligatoriedad que tienen los particulares con alguna relación con el gobierno para realizar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de interés, conocida también como 3de3.
De acuerdo con la Constitución, en el artículo 72, el Presidente de la República puede realizar observaciones parciales a las leyes que apruebe el Congreso de la Unión.
Previamente a realizar las observaciones, el presidente Enrique Peña Nieto se reunió con líderes del sector empresarial, quienes le externaron su inconformidad a lo avalado por el Congreso.
Ahora esa parte de la legislación avalada está en el Senado, cámara de origen, y debe ser procesado en los próximos días.
De acuerdo con la ley, lo que aprueben los senadores de nueva cuenta debe tener el voto de dos terceras partes de los presentes.
El presidente Enrique Peña Nieto esperará a realizar la promulgación de la totalidad del Sistema Nacional Anticorrupción, hasta que el Congreso vuelva a procesar el artículo 32, que incluye otros 15 artículos que están correlacionados.
En espera de la definición. En entrevista, el senador Enrique Burgos aseguró que los priístas todavía no han definido el sentido de su voto, porque van a esperar a que se defina la convocatoria para el periodo extraordinario.
“La convocatoria para un periodo extraordinario depende de la Junta de Coordinación Política, que tengo entendido va a ser convocada para el próximo miércoles [mañana]; y luego, creo que cada grupo político hará el estudio, el análisis y nosotros estaremos pendientes de que nos convoque nuestro coordinador, el senador Emilio Gamboa, con el fin de estudiarla y analizarla”.
El senador Burgos insistió en que no hay elementos legales para modificar el artículo 29, que no obliga a los funcionarios públicos a realizar su 3de3, lo cual fue criticado por legisladores de la oposición. El senador dijo no recordar algún precedente así.
“Si ustedes leen el artículo 72, se refiere a las observaciones que pueda hacer una Cámara, la revisora particularmente, respecto a algo que ya emitió la cámara de origen; pero, en todo caso, lo dice el artículo 72, se debe limitar exclusivamente a los puntos de observación.
“Eso es en cuanto a las cámaras, pero por analogía obviamente, esto es en mi opinión personal, aplicable a las observaciones que hace el Presidente de la República”, dijo el legislador por Querétaro.
En contraste, el senador Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, dijo que si bien tienen que debatir el artículo 32, los senadores pueden modificar, aceptar o rechazar las observaciones enviadas por el presidente Enrique Peña Nieto en la materia.
“No hay limitaciones para legisladores, es sólo una propuesta la que hace el Ejecutivo, pero no tiene que ser exacta, nosotros podemos hacerle o cambiar la redacción, pero sólo al artículo 32”, dijo.
Aseguró que en el PRD todavía están revisando las observaciones para definir una postura del sentido de su voto en el pleno y agregó que el partido del sol azteca no desistirá en que también se debe modificar el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para hacer públicas las tres declaraciones de los servidores públicos.
La semana pasada, el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa Huerta (PRD), dijo que se trata de una decisión complicada, porque políticamente “deberíamos votar en contra, pero jurídicamente debemos estar a favor. Es como decir: ‘Yo prefiero ver a mil culpables en la calle, que a un inocente en la cárcel’; así preferimos nosotros ver buenas leyes, que una ley inconstitucional. Vamos con la Constitución”.
