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La procuraduría capitalina dio a conocer la detención de uno de los presuntos responsables de asesinar al médico residente del hospital La Raza el pasado 23 de febrero.
Según la dependencia investigadora, el móvil del homicidio fue un robo; el médico originario de Oaxaca se resistió a que le quitaran una laptop, un celular y su cartera, y en consecuencia recibió dos tiros en el pecho.
En el intento de robo que terminó con la vida del pasante participaron dos personas; de acuerdo con las investigaciones, el cómplice aún está prófugo; sin embargo, las autoridades no descartan que con la información que proporcione el detenido y los avances en la indagatoria, en los próximos días se dé su captura.
El imputado fue detenido el pasado 9 de abril en el municipio de Coacalco de Berriozábal, en el Estado de México, gracias a una orden de aprehensión girada por un Juez de Control; después fue ingresado al Centro de Detenciones del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en donde quedó a disposición del juzgador que lo requería.
El agente del Ministerio de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio buscará que se califique de legal su detención y se le vincule a proceso.
De acuerdo con el expediente, el pasado 23 de febrero, alrededor de las 21:30 horas, un testigo de los hechos, registrados en la calle Cholultecas, observó el momento en que el imputado y su cómplice forcejeaban en una presunta riña con el agraviado.
El afectado se resistió al robo, por lo que el indiciado accionó un arma de fuego que portaba, que le causó una herida en el tórax. El testigo solicitó a los victimarios que detuvieran la agresión; al verse descubiertos, éstos huyeron a bordo de un vehículo Nissan, tipo Versa, color negro.
Uno de los vecinos tocó el botón de pánico de las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando y Control C2 para pedir apoyo de policías y paramédicos, quienes trasladaron a la víctima al hospital La Raza, en donde horas más tarde falleció. El agente del Ministerio Público dio intervención a la Policía de Investigación (PDI) y al personal de la Coordinación General de Servicios Periciales.
Derivado de los trabajos de gabinete, campo e inteligencia, de las entrevistas de los testigos y el seguimiento de las cámaras del C5, se logró obtener la matrícula del automóvil en el que escaparon los agresores; al establecerse la identidad de los probables participantes, se solicitó a un Juez de Control el mandamiento judicial por el delito de homicidio calificado.
De ser responsable de este ilícito, el imputado podría alcanzar una sentencia de hasta 50 años de prisión.
