Más Información
Casi la mitad de los mexicanos todavía se encuentra en situación de pobreza, aproximadamente un 10% en pobreza extrema y dos terceras partes de la población son vulnerables por alguna carencia social, esto a causa de gobiernos que recurrentemente olvidaron sus responsabilidades sociales con los menos favorecidos.
Ya en los primeros días de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado muy claro que la política económica a seguir es de tipo social e incluyente. Esto responde a la deuda histórica de acabar con el México de las contradicciones: el de la economía importante a nivel mundial, pero desigual en sus beneficios sociales; el de la población más trabajadora, pero la que menor salario percibe.
Dos acciones valientes están marcando la ruta a seguir del sexenio: la aprobación de un Presupuesto de Egresos para 2019 y un primer paso para la recuperación progresiva del salario mínimo. Dos signos característicos de un Estado eficiente, ya no asistencialista. Un Estado incluyente, no el de unos pocos. El México real, no el México ficticio.
La primera acción tiene la finalidad de priorizar las políticas de bienestar social a través de la implementación de programas prioritarios, tal es el caso del aumento en el presupuesto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el de la Secretaría del Bienestar, para poder implementar los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y la pensión universal para adultos mayores y cooperativas y créditos sociales, respectivamente.
Esto acompañado de una disminución en el gasto corriente y un aumento en el gasto de inversión, eliminando la duplicidad de funciones en áreas y organismos, para destinarlo a programas de infraestructura que sirvan como detonadores del crecimiento económico. Además de la importante reducción en los salarios de los altos mandos en las instituciones públicas.
Y el segundo tiene como finalidad la recuperación progresiva del salario mínimo, de manera responsable y sostenible. Esto para atender a los números nacionales que preocupan, por ejemplo, el hecho de que los trabajadores que ganan hasta dos salarios mínimos representan el 44.6% de la fuerza laboral en México, y de estos, un 32.7% son informales.
Es decir, el reciente aumento al salario mínimo no es un riesgo como se ha vociferado sin sentido, sino una necesidad evidente que en esta ocasión histórica pudo atenderse gracias a que existen las condiciones necesarias entre el gobierno y la iniciativa privada para lograr consensos. Por lo menos desde hace 30 años el salario mínimo no se ha visto beneficiado por el crecimiento económico de manera natural, contrariamente se ha visto castigado sin consideración alguna.
El consenso logrado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, hoy propicia un ingreso mínimo general de 102.68 pesos y de 176.72 en la zona libre de la frontera norte, que significa priorizar a la clase trabajadora menos favorecida. Y es motivo de reconocimiento para el nuevo gobierno federal. No pueden echarse campanas al vuelo, pero con este paso se ponen los cimientos de un proceso de dignificación del salario, comenzando por emparejarlo con la línea de bienestar establecida por el Coneval, que redundará paulatinamente en un piso mínimo de bienestar para las familias mexicanas.
Se han puesto sobre la agenda dos aspectos vitales para una economía nacional sana durante el sexenio, las estrategias a seguir son mucho más profundas y amplias, lo sabemos. Pero indiscutiblemente, la base de su éxito tiene que ver con justicia y sensibilidad social, y esas dos premisas ya están trazando el camino.
Subsecretario de Empleo
y Productividad Laboral de la STPS
