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Luego del anuncio de bloqueos carreteros en Chiapas del magisterio adherido a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el gobernador Manuel Velasco Coello llamó a que prevalezca la sensatez y se privilegie el diálogo, pues “no hay causa que justifique generar afectaciones a la ciudadanía ni vulnerar derechos de terceros”.
Aseguró que su gobierno respeta el derecho a la manifestación, pero rechaza los bloqueos carreteros y los daños a la productividad. “Nadie tiene derecho a afectar a los ciudadanos, que lo único que quieren es que se no se trastorne la paz”, argumentó.
En un comunicado, Velasco sostuvo la alternativa del diálogo “como la única vía para la solución de cualquier tema por complicado que sea”.
La CNTE anunció para hoy bloqueos carreteros en diferentes regiones para demandar el cumplimiento del acuerdo que puso fin al paro de labores de cuatro meses de protestas contra la reforma educativa, el pasado 16 de septiembre.
José Luis Escobar Pérez, uno de los voceros de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), informó que el magisterio exige que se cumpla el acuerdo con el gobierno federal, establecido con el ex subsecretario de Gobernación y actual secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda Nava.
El acuerdo verbal, precisó, se fundamentó en once puntos, entre los cuales destacan la suspensión de la reforma educativa en Chiapas hasta el 2018, la cancelación de órdenes de aprehensión en contra de dirigentes magisteriales y de quienes participaron en las movilizaciones y el pago de sueldos y prestaciones.
Este jueves, de acuerdo con el plan de acciones, los maestros bloquearán puntos estratégicos como el municipio de Playas de Catazajá, que abarca las regiones Maya-Chol; el tramo carretero La Pochota- Tuxtla Gutiérrez, que enlaza las regiones Centro, Zoque y Cañera; San Cristóbal de las Casas que comunica con los Altos y Frontera
Además en Ciudad Cuauhtémoc, en la Frontera y Sierra; Arriaga, Soconusco, Istmo- Costa; Comitán de Domínguez que comunica con la Frontera y la comunidad Zaragoza, enclavada en la región Frailesca y la zona de Cuxtepeques.
La Coordinadora acusó que la respuesta del Estado a la lucha organizada es la criminalización de la protesta social, la prisión política, la ejecución extrajudicial, el desplazamiento forzado y la desaparición forzada.
spb
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