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Las preferencias hacia el gobierno que tomará posesión el 1 de diciembre no paran de crecer; al menos así lo refleja la encuesta que hoy publica EL UNIVERSAL. En este ejercicio 64.6% está de acuerdo con las acciones que se han anunciado en el periodo de transición, porcentaje mayor al obtenido en el triunfo electoral del 1 de julio, que fue de 53%.
La calificación otorgada al presidente electo es de 7.4 y apenas 12% se declara en contra de las acciones que prevé poner en marcha la próxima administración.
El anuncio a lo largo de la campaña —y su reiteración en este periodo— de que las cosas se van a hacer de manera diferente, poniendo énfasis en el aspecto social, ha generado altas expectativas en la población; 65% considera que podrá lograrse todo lo que se ha previsto.
Los números proporcionan al gobierno entrante un holgado aval popular, pero al mismo tiempo la gran responsabilidad de cumplir expectativas, de no fallar.
El ánimo social positivo es un capital cuya duración dependerá de la medida en que se alcancen las propuestas enunciadas y de las decisiones de gobierno que se adopten. Incumplirlas o no escuchar a los involucrados podría disminuir el apoyo.
Entre los proyectos más conocidos del próximo gobierno está el de trasladar algunas secretarías a los estados. Elogiado por unos y criticado por otros, el plan debe tomar en cuenta a los principales afectados, en este caso los miles de empleados de las dependencias.
En entrevista con este diario, trabajadores de la Secretaría de la Cultura exponen los pros y contras de su eventual mudanza fuera de la capital del país, aunque la mayoría reconoce que les ocasionaría afectaciones de índole familiar, económica y patrimonial. Lo que parece un acierto en el objetivo de distribuir de mejor manera las oficinas de gobierno, puede ocasionar consecuencias negativas a nivel individual.
Otro plan cuestionado es la negativa de Andrés Manuel López Obrador a contar con la protección del Estado Mayor Presidencial y plantear incluso su desaparición. En días recientes precisó que un grupo de 20 personas le brindará seguridad, aunque no irán armados, lo que representa un cambio respecto en su posición inicial. Todo jefe de Estado debe contar con una mínima custodia.
El próximo titular del Ejecutivo goza del respaldo ciudadano para hacer las cosas de manera diferente; es casi una exigencia, incluso, en vista de la histórica votación recibida. En esta forma distinta debe caber la aceptación de errores, cuando los haya, y rectificar a tiempo. La base popular con la que iniciará su gestión es numerosa; del cumplimiento de las promesas dependerá que así se mantenga.
