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La defensa de los seguidores de Lopez Obrador cuando se recuerda la lapidaria frase del 2006 es que el ex candidato @LopezObrador_ no se refería a las instituciones en general sino a aquellas corruptas por la mafia del poder. En estos días hemos escuchado al PEUM (Presidente de los Estados Unidos Mexicanos) reiterara que aun cuando no comparte las decisiones del @TEPJFinforma o de la @SCJN se acatarán pues “hay estado de derecho”.
El debate sobre la remuneración de los servidores públicos y específicamente del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte no es nuevo, año con año los ciudadanos manifiestan su indignación con los bonos y compensaciones que reciben los diputados, senadores, ministros, magistrados, y altos funcionarios federales. La pequeña gran diferencia en este momento es que lejos de existir una contención desde la infraestructura de control de medios del estado como son las oficinas de comunicación social de presidencia y de ambas cámaras donde se concentra más del 80% del presupuesto de comunicación social de la administración pública federal, ahora se ve alentada desde la posición unívoca del titular del ejecutivo.
Se estima que más de 4 mil funcionarios públicos se han amparado. Esta acción judicial involucraría a jueces, magistrados, secretarios del Poder Judicial, actuarios, oficiales judiciales: y trabajadores de dependencias como Pemex, la Procuraduría General de la República, el Cisen, el Instituto Nacional Electoral, el Servicio de Administración Tributaria y la Comisión Federal de Competencia Económica, entre otras.
El viernes, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación @SCJN Alberto Pérez Dayán ordenó la suspensión de la entrada en vigor de la Ley Federal de Remuneraciones, hasta que no se dicte sentencia sobre la acción de inconstitucionalidad impulsada por senadores del PRD, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. Esto con el objetivo de no provocar más daños.
Esta acción generó muchas reacciones por ejemplo el líder del Senado Martí Batres @martibatres escribió en Twitter: “Va a haber mucha resistencia de quienes no quieren perder privilegios. Pero vamos a seguir haciendo reformas para disminuir los sueldos de los altos mandos y elevar los sueldos de los de abajo.” Y en la cámara baja, el coordinador de los diputados de Morena Mario Delgado @mario_delgado1 tuiteó: “A pesar de la suspensión de la @SCJN de la Ley Federal de Remuneraciones, en el decreto de Presupuesto 2019 se ajustarán los salarios para que nadie gane más que @lopezobrador_ como lo ordena la Constitución. Aunque se resistan, habrá #AusteridadRepublicana”. El presidente @lopezobrador_ dijo que el Poder Legislativo es el que tendrá la última palabra, “en este caso del presupuesto, la facultad exclusiva es de la Cámara de Diputados, por eso no está resuelto este asunto, quienes van a decidir van a ser los diputados en el Congreso, lo que se resuelva en definitiva, lo vamos acatar".
En el ánimo de la población permea la idea de que los sueldos en el Poder Judicial van desde los 300 hasta los 600 mil pesos, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación @SCJN aclaró en un tuit: “Se reitera que es falso que en el PJF alguien gane ni remotamente 600 mil pesos mensuales. Consulta aquí la información real que cada año, de manera transparente, se publica en el DOF. http://bit.ly/2Ga26M8 ”.
La audiencia en los medios sociales digitales está dividida en torno a la afirmación de que hay funcionarios que ganan más de medio millón de pesos mensuales. Si bien es cierto que el 45% opina que es una burla que un funcionario público tenga esas prestaciones, el 31% asegura que @lopezobrador_ es un mentiroso que manipula la información a su conveniencia.
Si bien los analistas políticos han centrado sus debates en torno a la separación de poderes y la amenaza de un excesivo presidencialismo que amenaza la independencia de los otros poderes, en las redes sociales este punto ha pasado de largo. La discusión, en contraparte se centra básicamente en el asunto de los salarios y de la disparidad de lo que obtienen los funcionarios y la gente de a pie. En las más de 357 mil interacciones que han se han generado desde el viernes, el 30% considera que son una burla los salarios de los ministros de la @SCJN. Del mismo modo esta posición genera otros efectos, como el hecho de que el 14% opina que los funcionarios del poder judicial están coludidos con el crimen organizado.
Si la discusión se sigue quedando en el terreno de los salarios, los otros puntos: división de poderes, legalidad, constitucionalidad, que son los asuntos que traen más repercusiones no sólo en el corto, sino en el largo plazo, y en la gobernabilidad misma del país, la batalla en redes será ganada de nueva cuenta por Morena y la #4T.
La embestida digital contra los ministros se ve claramente reflejada en varias publicaciones que convocan a una marcha para exigir “La renuncia de los magistrados de la SCJN”, lo que parece un error, pues la Suprema Corte no tiene magistrados sino ministros, podría no serlo, uno de los grandes retos de la inducción de opinión es poder rastrear las publicaciones de los centros de inducción y de las páginas afines. Es relevante identificar que todas las publicaciones pautadas y orgánicas, de “medios digitales” que incluyen este desviación participaban con notas favorables a Lopez Obrador en campaña y en transición. Medios creados para incidir en la campaña y que ahora buscan incitar a la opinión pública en favor de la posición de Morena en esta coyuntura.
¿Casualidad?, podría ser, pero la experiencia me ha enseñado que en política siempre prevalece la intencionalidad.
