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"El INE no se toca".
Este lema se repitió entre las decenas de miles de personas que protestaron este domingo en México contra lo que consideran un intento del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de socavar la democracia al reformar el Instituto Nacional Electoral.
La mayor concentración se produjo en el Zócalo de Ciudad de México, la capital, donde los organizadores dicen que se reunieron hasta medio millón de personas. El gobierno local dice que no fueron más de 90.000.
Los manifestantes protestaron contra el llamado "Plan B" de la reforma electoral aprobada en el Senado la semana pasada. Esta reduce el presupuesto y el personal del Instituto Nacional Electoral, la institución que organiza los comicios en México.
El presidente mexicano defiende que las medidas permitirán ahorrar millones de dólares (calificó de "estratosféricos" los salarios de los altos cargos del INE) y asegura que harán que las votaciones sean más eficientes.
Además, acusa al organismo de no ser imparcial y de haber permitido fraudes electorales en el pasado, por lo que había prometido modificarlo desde que accedió a la presidencia del país.
La oposición considera que la reforma limita la autonomía y fiabilidad de las próximas elecciones presidenciales de 2024 (algo que AMLO ha negado en repetidas ocasiones) y, junto a las decenas de miles de manifestantes del fin de semana, piden a la Suprema Corte de Justicia que la detenga y la declare como inconstitucional.
¿En qué consiste el "Plan B"?
El Senado, conformado en su mayoría por Morena, el partido en gobierno, aprobó esta reforma a la ley el pasado 22 de febrero con 72 votos a favor y 50 en contra. Solo falta la firma de AMLO para que entre en vigor.
El documento es conocido como "Plan B", una versión menos drástica de una propuesta de reforma constitucional que no alcanzó los votos suficientes el pasado año.
Sin embargo, esta versión tampoco ha aplacado las críticas en la oposición.
El "plan B" introduce varios cambios, pero los más controvertidos son los que implican una reestructuración significativa en la composición del INE, reduciendo su presupuesto, su número de trabajadores y cerrando varias de sus oficinas locales.
Por ejemplo, la reforma eliminaría 300 juntas distritales, que se encargan de organizar en terreno las elecciones federales y locales, así como de los instrumentos de participación ciudadana en el país. También reduciría la estructura de 32 juntas locales en más de 260 plazas,
Estos recursos, según el INE, implican una reducción del Servicio Profesional Electoral Nacional equivalente a un 84,6%. El organismo acusa que las reformas afectarán al padrón electoral -ya que son las juntas las encargadas de actualizarlo y de expedir las identificaciones necesarias para votar- y a la capacitación de funcionarios en las casillas electorales.
El gobierno defiende que el objetivo de la reforma es evitar gastos injustificados y duplicidad de funciones, y asegura que solo en su primer año en vigor permitirá ahorrar 5.000 millones de pesos mexicanos (US$271 millones): 3.500 millones del presupuesto directo y 1.500 millones de lo otorgado a organismos locales. AMLO propuso que ese dinero sea destinado a programas sociales o becas para estudiantes.
En numerosas ocasiones, el mandatario ha criticado el hecho de que altos cargos del INE (un organismo autónomo) reciban un salario superior al de él como presidente, por lo que estos sueldos serán recalculados tras la entrada en vigor de la modificación a la ley.
El presidente del INE, Lorenzo Córdova, calculó por su parte que la liquidación de todos los puestos de trabajo contemplada en la reforma electoral costará al erario público unos 3.500 millones de pesos en concepto de indemnizaciones.
La reforma también elimina los fideicomisos que permitían al INE retener recursos públicos y permite a los partidos políticos utilizar remanentes de recursos públicos y privados que no usen en un año para financiar siguientes elecciones.
Además, restringe el concepto de propaganda gubernamental a aquello que únicamente esté etiquetado en el presupuesto como tal, lo que según el INE abre las puertas a que se realice este tipo de propaganda con fondos públicos durante las campañas.
¿Por qué causa polémica?
"Estamos peleando para defender nuestra democracia", dijo este domingo la manifestante Verónica Echevarria a la agencia Reuters en Ciudad de México.
Echevarría llevaba una gorra con el lema "Manos fuera del INE". Muchos otros manifestantes llevaban carteles con eslóganes similares.
Las movilizaciones se produjeron en decenas de estados del país, aunque la más numerosa fue la del centro de la capital.
La oposición y un análisis del propio INE aseguran que la reforma podría poner en riesgo procesos ligados a las elecciones y campañas electorales, vitales para la democracia, unos argumentos que también se escucharon en las protestas.
"¡Las mexicanas y mexicanos estamos del lado de la democracia, juntos nos hacemos escuchar para que no se destruyan las instituciones democráticas del país!", dijo en Twitter Alejandro Moreno, presidente y diputado de uno de los principales grupos opositores, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que gobernó el país durante más de 70 años, y quien participó en la marcha.
Ramón Cossío, exmagistrado de la Suprema Corte y también participante de la manifestación, acusó a AMLO de querer "apropiarse del sistema electoral".
A pesar de las críticas, AMLO ha defendido su iniciativa y niega que vaya a poner en riesgo las próximas elecciones. Asegura que fortalecerá la democracia y reducirá la influencia de intereses económicos en la política.
"No les importa la democracia, sino lo que quieren es que continúe el predominio de una oligarquía, un gobierno de los ricos, de los potentados, no les importa el pueblo porque eso es en esencia lo que significa la democracia", afirmó el presidente este lunes al ser preguntado por la manifestación del día anterior.
"La mayoría han participado en los gobiernos anteriores, han sido defensores de los fraudes electorales, han formado parte de la corrupción en México, han pertenecido al narcoestado, que como ha quedado de manifiesto con lo de García Luna se impuso durante dos sexenios", dijo sobre los líderes que convocaron y participaron en la protesta.
Antigua confrontación
López Obrador, elegido como presidente de México en julio de 2018, ha criticado durante años al INE.
El pasado mes acusó a este organismo independiente de "engañar" y "permitir el relleno de urnas, la falsificación de actas, el robo de paquetes electorales y la compra de votos".
En su primera candidatura presidencial en 2006, AMLO perdió ante su rival Felipe Calderón por menos de un punto porcentual. AMLO se negó durante meses a reconocer el resultado, denunciándolo como fraudulento.
También discutió los resultados de los comicios de 2012 tras perder ante Enrique Peña Nieto.
Desde su victoria en 2018, AMLO ha presionado para reformar al INE.
El INE fue creado en 2014 bajo una reforma electoral impulsada por Peña Nieto. Este organismo sustituyó el hasta entonces Instituto Federal Electoral, fundado en 1990 tras las controvertidas elecciones presidenciales de 1988, cuando una supuesta falla del sistema originó acusaciones de fraude electoral.
Sobre el futuro del plan B
Por Marcos González Díaz, corresponsal en México de BBC News Mundo
Aunque la versión aprobada finalmente por el Congreso eliminó la llamada "cláusula de la vida eterna" -que permitía a los partidos políticos de una misma coalición traspasarse votos para mantener su registro-, la reforma electoral siguió causando gran polémica y descontento entre parte de los mexicanos, como pudo verse en las protestas de este domingo.
Para los críticos, limitar los recursos y capacidad del INE como árbitro electoral debilitará un pilar clave para la democracia de México, que apenas hasta el año 2000 estuvo gobernado por un único partido durante siete décadas.
Pero sus promotores, con el presidente a la cabeza, afirman que el objetivo primordial es ahorrar en un presupuesto que consideran exagerado para un organismo autónomo al que señalan de "estar tomado por los conservadores" y por no haber garantizado (en su opinión) la celebración de elecciones justas en el pasado.
La clave ahora está en saber qué pasará con los recursos que se impongan contra esta reforma ante la Suprema Corte, la cual también ha sido objeto de críticas por parte de AMLO.
El presidente se muestra confiado y dice que estas impugnaciones forman parte de la "normalidad política", aunque algunos analistas aseguran que podrían prosperar por posibles irregularidades durante el proceso legislativo de aprobación.
No hay mucho tiempo para deliberar: para que las elecciones generales del año próximo se celebren con los mismos recursos y con el INE que conocemos hasta ahora, la Corte tendría que suspender la aplicación del plan B antes del próximo 2 de junio, 90 días antes de que inicie el proceso electoral.
Será entonces cuando conozcamos si el "plan B" de reforma electoral de AMLO definitivamente prospera o si, por el contrario, sería necesario plantearse un hipotético "plan C".
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